12 de marzo de 2021
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecen la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para anunciar las principales medidas acordadas:
- Aprobado un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial.
En su intervención, la vicepresidenta Calviño ha informado que el principal objetivo del Real Decreto-Ley, el cual entrará en vigor a partir de la firma de los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas, es ayudar a la supervivencia de empresas económicamente viables mediante la anticipación de futuros problemas de solvencia así como mantener empleo y evitar el impacto estructural de la Covid-19 en la economía nacional.
Por ello, ha destacado que se movilizarán 11.000 millones de euros articulados en base a 3 nuevos fondos:
- 7.000 millones de euros destinados a ayudas directas a autónomos y empresas para gastos fijos y deuda. A los mismos, podrán acceder empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído, respecto a 2019, más de un 30%. En concreto:
- 5.000 millones de euros se destinarán a empresas de las Comunidades Autónomas peninsulares, Ceuta y Melilla, a repartir según los criterios de los Fondos REACT EU.
- 2.000 millones de euros se destinarán a autónomos y empresas de Canarias e Islas Baleares.
- 3.000 millones de euros destinados para que el ICO acompañe a las empresas en la reestructuración de su deuda financiera. Su objetivo es que dicho organismo acompañe los procesos de reestructuración de empresas viables mediante un aval del Estado.
- 1.000 millones de euros destinados al Fondo para recapitalización de empresas afectadas por Covid-19, que complementarán el fondo gestionado por la SEPI y se gestionará a través de COFIDES.
De igual modo, ha expuesto que se extienden las moratorias concursales hasta el 31 de diciembre.
Por otra parte, ha subrayado que como requisitos para acceder a todas las líneas implementadas las empresas receptoras:
- No podrán tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso ni haber cesado su actividad en el momento de realizar la solicitud.
- Deberán estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
- No podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones del equipo directivo durante un periodo de dos años.
- Deberán asegurar la continuidad de su actividad hasta junio de 2022.
Por último, ha comunicado que esperan presentar próximamente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, ha incidido en que las previsiones realizadas por los organismos nacionales e internacionales apuntan a una aceleración de la actividad económica a lo largo del año, en concreto a partir del segundo trimestre de 2021.
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