Resumen de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
7 de septiembre de 2017.
Una vez que se ha aprobado la Ley del Referéndum de Autodeterminación en Cataluña, después de haber recibido dictamen del Consejo de Estado, Mariano Rajoy ha anunciado que el Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy ha acordado:
- Presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la citada ley.
- Impugnar el Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, y el Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, así como la Resolución 807/XI, del Parlament de Catalunya, por la que se designan cinco miembros de la sindicatura electoral. El Gobierno solicita la nulidad de todos ellos, que se decrete la suspensión hasta que se dicte sentencia, y que se notifique dicha suspensión al Govern de la Generalitat y a los alcaldes de Cataluña. Se solicita que se les advierta de su deber de impedir cualquier iniciativa relacionada con la celebración del referéndum so riesgo de incurrir en responsabilidad penal.
El presidente se ha reafirmado en la línea de las declaraciones formuladas ayer por la vicepresidenta. “No existe ninguna legitimidad alternativa, y lo que no es legal no es democrático”. En consecuencia, la obligación de este Gobierno era “hacer cumplir la ley para preservar la democracia”. Con ello, defienden los derechos de todos los ciudadanos, y “la voluntad de decidir entre todos el futuro de nuestro país, esto es, la soberanía nacional”.
Previamente había comparecido, el miércoles 6 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras las primeras horas de celebración del Pleno del Parlament de Catalunya, para anunciar que el Gobierno había solicitado a la Abogacía del Estado la interposición de un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno solicitó a este órgano que declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados en el pleno, así como ejecutar la responsabilidad penal que pudiera derivarse del incumplimiento de la Constitución y de la Sentencia del Tribunal Constitucional que ya dispuso la ilegalidad del referéndum.
Sáenz de Santamaría comenzó su intervención denunciando el “abochornante espectáculo del falso debate presenciado en el Parlament de Catalunya”. Afirmó que lo que presenciamos ayer fue “un acto de fuerza, no un debate político, y es contrario a la democracia y a los derechos de los catalanes”. En este sentido, el Gobierno defiende que garantizará la tranquilidad de los ciudadanos, recurriendo ante el Tribunal Constitucional las normas que finalmente resulten de estas actuaciones, con objeto de impedir que dichas normas se incorporen falsamente al ordenamiento jurídico, “contraviniendo la Constitución y los sentimientos de cualquier demócrata”.
La Fiscalía General de Estado, a su vez, ha anunciado hoy que se están ultimando querellas, unas contra los miembros de la mesa del Parlament, y otras contra los miembros de Govern. Estas querellas serán presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por otra parte, se han impartido instrucciones para que las fiscalías catalanas investiguen actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, por poder ser constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales. También se han dado órdenes oportunas para que la policía judicial intervenga los instrumentos preparados para la celebración del referéndum.
Por su parte, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República se debatirá y, previsiblemente, aprobará en el Pleno del Parlament convocado hoy, por lo que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá la misma en cuanto se apruebe.
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