23 de noviembre de 2018
Resumen de la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para informar sobre las principales medidas acordadas:
- Presentación de un informe sobre la lucha contra la violencia de género.
- Aprobación de un Real Decreto Ley ómnibus que contiene la transposición parcial de tres Directivas Europeas y varios reglamentos sobre diversas cuestiones del mercado de valores.
- Aprobación de un Real Decreto para la creación del Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación para avanzar en la igualdad de género en el sector.
- Aprobación de un Real Decreto de subvenciones para las Olimpiadas Científicas 2018.
- Aprobación de un Real Decreto Ley que desarrolla el reglamento para hacer efectivo el sistema de compensación por copia privada, así como la aplicación de exceptuaciones y reembolsos.
- Solicitud del desistimiento parcial del recurso de inconstitucionalidad propuesto por el anterior Gobierno contra dos Decretos del Gobierno de Aragón.
La ministra Isabel Celaá comenzó su intervención señalando que el próximo día 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, ha destacado también el viaje a Cuba del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por otra parte, ha informado sobre el Real Decreto Ley ómnibus que contiene la transposición parcial de tres Directivas Europeas y varios reglamentos. Este Real Decreto transpone una Directiva sobre el abuso del mercado, obligando a establecer un canal de denuncias anónimas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Otra Directiva se refiere a la necesidad de incluir el canal de denuncias de las infracciones a la norma y obligaciones referidas a la necesaria comunicación entre la CNMV y el Banco de España. Finalmente, la tercera hace referencia a garantías sobre nuevos sistemas de pago.
Por último, Celaá ha finalizado señalando que el Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno el desistimiento parcial del recurso de inconstitucionalidad propuesto por el anterior Gobierno contra dos Decretos del Gobierno de Aragón relativos a cuestiones sociales, concretamente sobre pobreza energética y acceso a vivienda.
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