Entre el 21 y 22 de enero de 2026 se produjo una escalada de tensión comercial entre Ecuador y Colombia. Ecuador anunció la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, vigente desde el 1 de febrero de 2026, argumentando razones de seguridad fronteriza (narcotráfico y minería ilegal) y la necesidad de reducir su déficit comercial no petrolero, que alcanza USD 919 millones.
En respuesta, Colombia adoptó medidas de reciprocidad:
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Comercio: anunció un arancel del 30 % a 20 productos ecuatorianos, de carácter transitorio y revisable.
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Energía: suspendió las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador desde el 22 de enero de 2026, alegando razones técnicas y de abastecimiento interno.
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Diplomacia: rechazó formalmente la medida ecuatoriana y pidió tramitar el conflicto dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN).
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Seguridad: reiteró que la cooperación bilateral contra el narcotráfico sigue activa y es histórica.
El conflicto tiene un alto componente jurídico, ya que ambos países forman parte de la CAN, que garantiza libre comercio intracomunitario sin aranceles y mecanismos de solución de controversias.
En el corto plazo, las medidas encarecen costos, afectan precios finales, tensionan cadenas de suministro, aumentan riesgos en la frontera y obligan a revisar inversiones, contratos y logística, incluido el componente energético. Colombia es un socio clave para Ecuador y viceversa: Ecuador es el 6.º destino de las exportaciones colombianas y el 2.º mercado para las no minero-energéticas, mientras que Colombia es el quinto destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, con más de 580 empresas involucradas.
Un punto sensible adicional es la energía, ya que Colombia ha suplido entre 8 % y 10 % del consumo eléctrico ecuatoriano, con ventas superiores a USD 400 millones entre 2024 y 2025. También surgieron tensiones alrededor del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), clave para el transporte de crudo colombiano.
Los gremios empresariales de ambos países (ANDI, Asocapitales, Camecol, Fedexpor y el Comité Empresarial Ecuatoriano) expresaron preocupación por los impactos económicos, productivos y sociales, alertaron sobre riesgos como el contrabando y la pérdida de competitividad, y pidieron un diálogo urgente para evitar una escalada de represalias y restablecer el libre comercio.
El antecedente de salvaguardias aplicadas por Ecuador en 2015 muestra que existen mecanismos temporales reconocidos por la OMC y la CAN, pero las próximas semanas serán decisivas para definir si ambas partes logran una salida diplomática que proteja las cadenas productivas y la relación comercial construida durante décadas.
