14 de septiembre de 2021
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecen la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno; Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para informar de los siguientes acuerdos adoptados:
- Aprobada la ampliación del plazo de cobertura de las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por el COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
- Aprobado el acuerdo para tramitar con urgencia los dos proyectos de ley de retribución del CO2 y para la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
- Aprobado el real decreto-ley con un plan de choque para rebajar el precio de la electricidad.
En su comparecencia, la ministra y portavoz anunció una serie de inversiones territoriales en Cataluña y Andalucía por una suma de 125 millones de euros. En lo que se refiere a Cataluña, se destinarán 85 millones de euros a las obras de señalización para el desarrollo del Corredor Mediterráneo. Y respecto a Andalucía, se invertirán 40 millones destinados a la mejora integral del tramo Córdoba-Sevilla (26 millones) y a la renovación del trayecto San Pablo-Almoraima de la línea Boadilla-Algeciras (13 millones).
Por otro lado, informó acerca de la ampliación del plazo de cobertura de las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por el COVID-19 hasta el 30 de septiembre, de modo que se podrán cubrir mediante estas ayudas las deudas y los costes fijos incurridos hasta esa fecha.
Por su parte, la vicepresidenta y ministra Ribera se refirió en primer lugar al acuerdo para tramitar con urgencia los dos proyectos de ley de retribución del CO2 y para la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con la finalidad de reducir en un 15% la factura de la luz.
En segundo lugar, anunció la aprobación de un real decreto-ley como plan de choque para rebajar el precio de la electricidad, con el objetivo que la factura final de la energía en 2021 esté en el mismo nivel que en 2018. La normativa aprobada contempla una rebaja el Impuesto de la Electricidad del 5,1% al 0,5%, prolonga la suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta fin de año y destina 900 millones de euros adicionales de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema. Asimismo, aprueba un mecanismo de minoración temporal del exceso de retribución que obtienen las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista y se limita la subida de la tarifa regulada del gas natural, para familias y pymes. Adicionalmente, se crea un nuevo suministro mínimo vital para consumidores vulnerables, que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, se limita el impacto del coste del gas en la tarifa regulada para los próximos 6 meses y se impulsan nuevas subastas de electricidad para aportar liquidez y competencia al mercado, con el objetivo de beneficiar a la industria y a comercializadoras independientes. Por último, prevé que las confederaciones hidrográficas apliquen criterios de uso racional del agua embalsada para proteger el medio ambiente.