La Unión Europea (UE) ha firmado el acuerdo comercial con Mercosur tras más de 25 años de negociaciones, marcadas por interrupciones en 2004, 2012 y su reactivación definitiva en 2016. La firma se produjo después de que el Consejo de la UE aprobara el texto por mayoría cualificada; es decir, con el respaldo del 55% de los Estados miembros que representan al menos el 65% de la población de la UE. El acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, un trámite que la Comisión Europea da prácticamente por seguro.
El respaldo de Italia ha sido decisivo para alcanzar esa mayoría, después de que la Comisión se comprometiera a adelantar 45.000 millones de euros de la PAC —fondos ya previstos a partir de 2028— para mitigar el impacto en el sector agrícola. En el lado opuesto, Francia, Hungría, Polonia, Irlanda y Austria han votado en contra, mientras que Bélgica se ha abstenido. España y Portugal han liderado el apoyo al acuerdo por sus lazos históricos con Hispanoamérica, junto con Alemania, que ha primado el interés de su industria, especialmente del sector automovilístico, ante los elevados aranceles en los mercados del Mercosur.
Más allá del debate interno, el acuerdo responde a una estrategia geopolítica de diversificación comercial de la UE, que busca reducir su dependencia de China y anticiparse a un acceso más incierto al mercado estadounidense, mientras que Mercosur aspira a reforzar sus alianzas internacionales. La Comisión defiende que los productos importados deberán cumplir íntegramente la normativa europea, que los volúmenes autorizados no tendrán un impacto significativo —por ejemplo, la carne de vacuno representaría en torno al 1,5% de la producción de la UE—, que solo podrán acceder productos de zonas no deforestadas y que se protegerán las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas europeas.
