Los conceptos de soberanía y autonomía estratégica han saltado del lenguaje diplomático a la conversación cotidiana en los campos de la salud y la tecnología en los últimos años. La pandemia, el conflicto de Ucrania, las tensiones en el comercio internacional o la creciente dependencia tecnológica de actores externos han llevado a una relectura urgente sobre qué papel juegan los Estados, las instituciones y las empresas en sectores considerados “estratégicos”.
Pero ¿qué significa hablar de soberanía sanitaria o digital hoy en día? ¿Estamos realmente ante una narrativa útil para construir sistemas más resilientes a futuro, o simplemente es una nueva etiqueta para abordar viejos debates?
Cuando hablamos de soberanía sanitaria, se nos viene a la cabeza, casi de manera instantánea, la escasez de mascarillas, respiradores y vacunas durante la pandemia, que expuso brutalmente la dependencia de muchos países a cadenas de suministro globalizadas, y sirvió para que tomara fuerza la visión de que la soberanía sanitaria y tecnológica es necesaria. Soberanía, en este contexto, no implica aislamiento, sino capacidad de decisión consciente sobre lo que se produce, cómo se accede y quién se beneficia. Capacidad real de que los sistemas que tenemos puedan decidir, responder y protegernos en momentos críticos.
Apostar por la producción local de productos críticos, asegurar el acceso equitativo a medicamentos, terapias y tecnologías, y rediseñar las políticas de compra pública con criterios que trasciendan el coste, tales como la resiliencia, el valor social o la sostenibilidad a largo plazo, son necesarias para reforzar la soberanía sanitaria.
Al mismo tiempo, en un momento donde las decisiones clínicas, la asignación de recursos o la investigación están cada vez más mediadas por datos, algoritmos y plataformas tecnológicas, reforzar la soberanía digital se convierte en sinónimo de soberanía sanitaria y deben ser entendidas como las dos caras de una misma estrategia.
De ahí que la soberanía digital se haya instalado con fuerza en la agenda europea, impulsando iniciativas como el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS), la European Cloud Strategy o el AI Act. El objetivo es claro: reducir la dependencia de infraestructuras tecnológicas extranjeras, y establecer principios comunes sobre el control de datos, la interoperabilidad y la ética en el uso de la inteligencia artificial en salud.
En un entorno en que las decisiones sanitarias están cada vez más mediadas por la tecnología, la soberanía digital se convierte en una cuestión política.
España está en una muy buena posición para desempeñar un papel relevante en esta agenda. La combinación de un sólido SNS, capacidades industriales en áreas estratégicas – como la fabricación de medicamentos y tecnologías sanitarias, y un ecosistema digital en auge -, nos permite contribuir activamente en el debate europeo. Proyectos como la creación del sandbox regulatorio del EEDS, las inversiones en infraestructuras Cloud de ámbito nacional o las iniciativas autonómicas en salud digital muestran que hay una voluntad y oportunidad real para que ambos sectores – público y privado – asuman un papel protagonista. El desafío estará en alinear visión política, capacidad técnica y voluntad de colaboración.
La trampa del proteccionismo
Sin embargo, uno de los riesgos más evidentes de esta nueva narrativa es caer en una visión proteccionista, que limite la colaboración internacional y frene la innovación. Apostar por una mayor soberanía no debe evolucionar en levantar muros, si no en fortalecer capacidades propias sin renunciar al intercambio, la apertura y la cooperación. Es necesario entender que muchas de las soluciones necesarias – desde infraestructuras comunes hasta gobernanza ética de datos – solo pueden construirse en red.
Y ¿qué papel deben jugar las empresas?
El sector privado, tanto en salud como en tecnología, se encuentra ante la oportunidad de posicionarse como actor comprometido con la resiliencia del sistema y participar activamente en alianzas público-privadas que fortalezcan capacidades a largo plazo.
Como en tantos otros aspectos que los profesionales de los asuntos públicos vemos a diario, ya no basta con cumplir regulaciones: hay que ser un activo que contribuya activa y positivamente a un sistema más sostenible, justo y soberano. Repensar la soberanía sanitaria y tecnológica es una forma de imaginar cómo queremos que funcionen nuestros sistemas en un mundo incierto: más preparados, más equilibrados, más centrados en las personas.
El sector privado está ante una ventana de oportunidad dónde poder redefinir su rol en la construcción de un futuro más resiliente, donde la dependencia dé paso a la capacidad real de decidir.
