La Unión Europea y la India han concluido las negociaciones de un acuerdo de libre comercio (FTA) calificado como “histórico” tras casi dos décadas de negociaciones. El acuerdo, cerrado el 27 de enero de 2026, pretende eliminar o reducir aranceles sobre el 96,6 % de los bienes intercambiados entre ambos bloques, ofreciendo un acceso privilegiado a un mercado de más de 2.000 millones de consumidores y con la ambición de doblar las exportaciones de la UE a la India para 2032, según el comunicado oficial de la Comisión Europea. Así, el pacto incluye reducciones significativas de aranceles para sectores clave como automoción, maquinaria, productos químicos y agroalimentarios, y también abre oportunidades en sectores como servicios financieros y transporte marítimo. No obstante, el acuerdo todavía debe recibir la aprobación del Parlamento Europeo.
Precisamente, en un giro político significativo, el Parlamento Europeo ha decidido remitir el acuerdo comercial con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su conformidad con los tratados comunitarios, paralizando así ratificación. En una votación muy ajustada —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, la Eurocámara adoptó una resolución que suspende su examen hasta que el TJUE emita un dictamen, lo que podría retrasar la entrada en vigor del acuerdo durante meses o incluso años.
Este contraste pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la política comercial de la UE. Por un lado, la UE busca acuerdos comerciales con socios estratégicos de rápido crecimiento como la India, orientados a diversificar mercados y abrir nuevas oportunidades de exportación para la industria europea en un contexto de creciente tensión comercial con Estados Unidos. En cambio, las fuertes protestas de los agricultores y la cautela de los legisladores europeos ante acuerdos complejos que plantean cuestiones jurídicas, regulatorias y socioeconómicas en sectores sensibles, como la agricultura y la normativa ambiental. La combinación de estos factores subraya la dificultad de equilibrar una apertura comercial con la protección de los estándares europeos, así como la salvaguarda de determinados sectores estratégicos y del complejo equilibrio político en el seno de la propia Unión.
