El verdadero “mínimo de edad” no es 16: es criterio

Hay un gesto que se repite en miles de casas cada tarde (lo dice un padre de dos adolescentes de 16 y 22 años que ya ha visto todo lo que tenía que ver de la relación, a veces intensa, entre adolescentes y tecnología): Un adolescente deja la mochila, merienda con prisa, se encierra en su cuarto y abre el móvil. Y ahí dentro, en ese espacio vertical de 9:16 luminoso, ocurre casi todo: la pertenencia, la burla, la comparación, el primer ligue, la primera humillación pública, el rumor que no se puede desmentir, el vídeo que te persigue aunque no lo hayas buscado. Pero también, la amistad en barrios que no dejan respirar, el humor compartido, la tribu cuando te sientes raro, los tutoriales que enseñan lo que nadie te explica en clase o esas comunidades de teleamigos que te acompañan si te cuesta hablar en casa.

Durante años hemos tratado esa escena como si fuera una cuestión de educación: “hay que enseñarles a usarlo”. Y sí, hay que hacerlo. Pero empieza a calar otra intuición, mucho más incómoda: quizá no basta con enseñar a nadar si la piscina está diseñada para que tragues agua.

El 3 de febrero de 2026, Pedro Sánchez anunció en Dubái que España quiere prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y obligar a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Lo envolvió en un discurso más amplio sobre responsabilidades, impunidad y algoritmos. No fue una ocurrencia de campaña. Fue, sobre todo, un reconocimiento: esto se nos ha ido de las manos.

Otros llegaron antes. Australia dio el salto hace año y medio. Su ley, la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, obliga a los proveedores de ciertas plataformas a tomar “medidas razonables” para impedir cuentas a menores de 16, con sanciones que pueden doler de verdad. No es un “recomendamos”, es un “cumples o pagas”. Aunque tiene un punto flaco. El legislador australiano entiende que verificar la edad puede convertirse en la puerta de entrada a otra cosa. Por eso introduce límites de privacidad explícitos: restringe qué datos pueden recopilarse para comprobar la edad y, en general, prohíbe que esa verificación se haga mediante identificación gubernamental o servicios de Digital ID, salvo que no exista una alternativa razonable. Es su manera de decirlo sin rodeos: sí, queremos cerrar el acceso a los menores; no, no vamos a pagar ese cierre con un sistema de identificación permanente para toda la población.

Precisamente ahí está el meollo del debate español, aunque a veces lo tapemos con el titular fácil. Verificar edad “de verdad” no es pulsar un botón de “sí, tengo 16”. Si lo haces en serio, entras en un terreno resbaladizo. ¿Documento? ¿Biometría? ¿Un tercero que custodie credenciales? ¿Un sistema que cruce datos? Todo eso tiene un precio, y no siempre lo paga quien imagina la ley. A veces lo paga el ciudadano, en forma de cesión de datos, de exclusión tecnológica o de vigilancia normalizada.

Dicho esto, no conviene fingir que no hay un problema real. Lo hay. Y no es pequeño. El adolescente no solo consume contenido. Vive ahí. Se mide ahí. Se define ahí. Es un entorno diseñado para maximizar tiempo de permanencia y reacción emocional. Si fuera un producto químico, exigiríamos advertencias en la etiqueta. Si fuera un parque de atracciones, pediríamos inspecciones de seguridad. Pero como es una interfaz bonita, lo llamamos “plataforma” y seguimos.

¿Sirve una prohibición por edad?

Sirve como dique, al menos parcialmente. Corta acceso en plataformas masivas, reduce exposición temprana, manda un mensaje cultural. Pero sería ingenuo creer que el problema acaba el día en que se active la prohibición. Cuando cierras una puerta, los menores no desaparecen. Se mueven. A plataformas menos visibles, a comunidades cerradas, a mensajería, a rincones donde hay menos moderación y menos protección. Es el efecto globo: aprietas por un lado y sale por otro. Por eso una política pública sensata no puede ser solo prohibición.

Aquí es donde el anuncio del Gobierno español se vuelve interesante, porque no se queda en la edad. Habla de responsabilidad. Habla de directivos. Habla de tipificar la manipulación algorítmica y la amplificación de contenido ilegal. Habla, en definitiva, de tocar la infraestructura, no solo al usuario. Y eso sí es un cambio de fase.

Un gesto retórico que se estrella con la realidad y el derecho

Responsabilizar a directivos de los contenidos ilegales o de odio, vende titulares y señala culpables, pero convertirlo en norma aplicable y sostenible, en mi humilde opinión -y no soy jurista-, es otra liga.

Nuevamente, entre el titular y el BOE hay un desfiladero. Para que esa “responsabilidad de directivos” exista de verdad, el Gobierno tendría que aterrizarla en una reforma legal con tipificaciones claras, proporcionalidad y garantías. Y ahí aparecen tres muros a la vez: el parlamentario (hace falta mayoría para tocar el Código Penal o crear obligaciones con dientes), el europeo (gran parte de las reglas del juego sobre plataformas y moderación se cocinan en Bruselas, no en un ministerio), y el probatorio (demostrar que un directivo “es responsable” de un contenido concreto en sistemas masivos y automatizados es como intentar imputar a un director de autopistas cada accidente por exceso de velocidad). Vamos, pura ciencia ficción.

Pero es que a esta dificultad tenemos que añadirle otra, la trampa semántica, la más peligrosa: la “manipulación algorítmica”. Suena a villano perfecto, pero jurídicamente es un pantano. ¿Manipulación es priorizar lo viral? ¿Es optimizar engagement? ¿Es recomendar con un modelo opaco? Si el concepto queda vago, la ley puede derivar en dos escenarios igual de malos: o no se aplica nunca (porque nadie logra probar intención, causalidad y daño), o se aplica demasiado (y entonces las plataformas, por miedo, retiran y bloquean de más). En ambos casos, el resultado es frustrante: o seguimos igual, o cambiamos hacia una censura preventiva y una burocracia digital que paga la conversación pública con el precio de la sobrecorrección. En este terreno, la épica es barata; lo difícil es el bisturí.

Y si el problema es de fondo, de una “cultura de la autonomía digital”

La prohibición es un maravilloso paraguas narrativo. Pero nadie educa con un paraguas. En este país seguimos necesitando una tarea que nunca se ha llevado a cabo correctamente: alfabetización digital real. Hablo de cómo se forma una opinión, cómo se reconoce una manipulación, cómo se gestiona la vergüenza, cómo se sobrevive a la comparación constante, cómo se apaga el móvil sin sentir que desapareces del mundo.

La alfabetización digital, si queremos que sea algo más que un póster bonito en el pasillo del colegio, camino de la dirección o la biblioteca, ha de convertirse en una “cultura de la autonomía digital”: Igual que aprendimos a cruzar una carretera, a no hablar con desconocidos o a ponernos el cinturón sin dramatismos, tenemos que enseñar a navegar un entorno diseñado para capturar atención. Porque el móvil no es solo una pantalla: es un mercado. Y el menor entra cada día en ese mercado con la cartera abierta: su tiempo, su identidad, su autoestima.

La “cultura de la autonomía digital”, además, no puede recaer únicamente en la escuela como si fuera un parche curricular (sin contar que tampoco hay profesionales docentes preparados). Necesita una coreografía a tres bandas: familias con herramientas (no con miedo), centros educativos con método (no con charlas puntuales) y plataformas con obligaciones de diseño responsable (no con campañas de “bienestar” mientras el algoritmo aprieta). Y sí, también necesita que el menor aprenda algo que los adultos evitamos porque nos incomoda: que la libertad digital sin criterio es una libertad frágil. Que el derecho a estar conectado no puede implicar el deber de estar disponible. Que se puede decir “no” al grupo, al reto viral, al comentario venenoso. Y que pedir ayuda no te hace débil: te hace consciente.

Es, en definitiva, devolverles a los jóvenes que caminan hacia la adultez una palabra que la economía de la atención detesta: autonomía.

El debate no es la edad, es el criterio

Quizá el debate más honesto no sea si el límite está en los dieciséis años, los quince o los catorce. Quizá la pregunta sea otra: ¿cuál es la edad mínima para tener criterio? Y la respuesta es incómoda, porque no viene en el DNI. El criterio se construye. Se acompaña. Se entrena. Y eso nos obliga a reconocer una verdad que no cabe en un titular: que el problema no es que los menores estén en redes; el problema es que las redes están diseñadas para que los menores (y los adultos también) se comporten como menores.

Si de verdad queremos proteger, no basta con prohibir. Hay que cambiar el contrato: que la atención deje de ser botín, que la privacidad no sea moneda de cambio, que el diseño no empuje al abismo. Y que la educación se tome tan en serio como la seguridad vial. Porque el futuro no lo decidirán los algoritmos. Lo decidirán sociedades con criterio.