El pasado 10 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó la Proclamación 10896, publicada por la Casa Blanca, imponiendo aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, afectando con ello especialmente a la Unión Europea (UE) al eliminar exenciones previas. El Departamento de Comercio de Estados Unidos justificó la medida, efectiva desde el 12 de marzo, como una protección a la industria nacional. Por su parte, la Comisión Europea calificó los aranceles de “ilegales y contraproducentes”, augurando una respuesta para defender a empresas y consumidores cuando se produjera la notificación oficial.
El estallido de una posible guerra comercial pondría en juego un comercio total de bienes entre Estados Unidos y la Unión Europea valorado en 850.000 millones de euros en 2023. Sin embargo, la postura estadounidense alude al déficit comercial de este país frente a la UE, que aumentó a 235.571 millones de dólares. En cuanto al sector del acero, las importaciones estadounidenses de acero y aluminio representan aproximadamente 50.000 millones de dólares.
Para mitigar estos efectos de los aranceles, la UE decidió prorrogar hasta el 31 de marzo de 2025 la suspensión de sus aranceles de reequilibrio sobre productos estadounidenses, instando a al presidente estadounidense a entablar una negociación que evite el inicio de una guerra comercial.
La crisis en las relaciones transatlánticas se agravó tras el discurso del vicepresidente J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich el 14 de febrero, al emitir duras críticas contra la UE. A su vez, el inicio de las negociaciones bilaterales entre EEUU y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, excluyendo tanto al gobierno ucraniano como al ejecutivo comunitario, confirmó la ruptura de la postura occidental respecto a la resolución del conflicto.
