15 de diciembre de 2020
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecen la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para anunciar las principales medidas acordadas:
- Aprobada la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
- Aprobado el Estatuto de Consumidores Electrointensivo.
- Aprobado el Plan integral de Emergencias del Estado.
- Aprobadas nuevas medidas para mejorar el sistema de acogida de España.
- Aprobado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal.
En su intervención, la ministra portavoz ha destacado que la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 está próxima de consumarse. Actualmente, ha expuesto, el anteproyecto se encuentra en el Senado donde se va a comenzar a discutir las enmiendas. El objetivo del Gobierno es publicar el próximo 1 de enero, en el Boletín Oficial del Estado, dicha legislación.
Asimismo, ha comunicado que mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados con el objetivo de rendir cuentas. Por un lado, sobre las últimas reuniones del Consejo Europeo, donde se abordó el tema de los fondos de recuperación europeos y el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027, así como para exponer las gestiones sobre la actual situación de estado de alarma.
Por otra parte, sobre la creación del fondo nacional para la transición y sostenibilidad energética, ha destacado, que su principal objetivo es reducir la factura de la electricidad así como garantizar la solvencia del sistema eléctrico y cumplir con los objetivos de descarbonización, todo ello buscando otorgar confianza al sistema eléctrico para tratar de afianzar a España como país en el que invertir en proyectos de renovables, además de complementar un marco energético estable y predecible para mejorar la competitividad nacional.
Asimismo, entre sus principales características, ha detallado, se trata de un mecanismo gradual y progresivo, que se implementará a lo largo de los próximos cinco años, y que redistribuirá lo que pagan los consumidores como costes fijos asociados a la luz entre las empresas comercializadoras de energía, además de contemplar exenciones y bonificaciones en diversos sectores de difícil adaptación.
Respecto al Estatuto de los consumidores electrointensivo, ha pormenorizado, que se centrará en aquellas empresas para las cuales el coste de la electricidad es elevado, con el objetivo de dotarlas de un marco jurídico y económico seguro para el suministro eléctrico y ayudarlas a mitigar el coste energético buscando potenciar la competitividad de la industria, el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad.
Específicamente, la medida impondrá un modelo equivalente al existente en diversos países de la Unión Europea y beneficiará a más de 600 empresas de 60 actividades industriales. Con tal fin, se impondrán una serie de obligaciones y compromisos en los ámbitos de la eficiencia energética, I+D+I y la sustitución de fuentes contaminantes, así como una serie de requisitos que el Ministerio de Industria avalará para otorgar el estatus de consumidor electrointensivo.
Por último, ha comunicado que mañana se celebrará una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) donde se continuarán debatiendo diversos aspectos de la gestión de la crisis sanitaria. Asimismo, sobre la realización de test de antígenos en las oficinas de farmacia, ha comunicado, que tras la reunión que se celebrará entre representantes de la Comunidad de Madrid y del Gobierno se celebrará una rueda de prensa en la que se detallarán las decisiones adoptadas. Igualmente, respecto al decreto de ayudas al sector HORECA, ha comunicado, que el objetivo del Gobierno es aprobarlo antes de que termine el año detallando que el objetivo es buscar el máximo consenso posible.
En otro orden de cosas, el ministro Campo ha informado sobre el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, destacando que entre sus ejes principales destaca la transformación digital de la justicia con el fin de ahorrar costes y evitar desplazamientos innecesarios así como medios adecuados de solución de controversias, cuyo objetivo es reducir el número de litigios a partir del establecimiento de mecanismos que permitan acometer los conflictos mediante situaciones de arbitraje, mediación u otros procesos.
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