20 años de transformación del sistema aeroportuario mexicano


El sector de la trasportación aérea representa una pieza fundamental en el desarrollo de los países favoreciendo su inserción en una economía globalizada. En México, la industria del transporte aéreo dio un giro significativo como consecuencia de la reforma a la Ley de Aeropuertos de 1998, liberalizando el sistema y contribuyendo al crecimiento nacional. Este artículo tiene como propósito resaltar la calidad estratégica que el sector del transporte aéreo mexicano ha obtenido durante las dos últimas décadas.

La ruta tomada hacia la concesión de la administración de la infraestructura aeroportuaria persiguió la obtención de más fondos para la expansión y la renovación de la capacidad del sistema aeroportuario además de mejorar su eficiencia e incrementar su competitividad en el afán de potenciar la actividad económica del país.

La aviación se ha convertido en una de las principales actividades económicas en México. Con una aportación del 2 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y el apoyo a otras industrias como el turismo, el transporte aéreo también ha tomado protagonismo por sus implicaciones políticas. Cabe destacar la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el proceso de construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

En la década de los 90, se realizó un cambio estructural en el Sistema Mexicano Aeroportuario con la creación de la Ley de Aeropuertos en 1995. La Ley de Aeropuertos abrió la posibilidad de que el capital privado participara en la operación de aeropuertos. En 1998, se realizó una modificación con la que se inició el proceso de privatización de los 35 aeropuertos más rentables del país, de una red de 58 aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

A partir de dicha reforma, se conformaron cuatro grupos aeroportuarios que se sumaron a ASA, dependiente de la SCT, y a las sociedades aeroportuarias (ASA + gobierno estatal) para la administración de aeropuertos comerciales concentradores de la mayor parte del tráfico de pasajeros y de carga en el país, a decir: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario Centro Norte.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), México cuenta con un total de 77 aeropuertos de los cuales 58 son registrados como comerciales, 1463 aeródromos y 528 helipuertos. A continuación, se presenta una breve descripción de las organizaciones enfocadas en la administración de la infraestructura aeroportuaria comercial del país.

ASA es un organismo descentralizado del Gobierno Federal creado en junio de 1965. Presta servicios de suministro de combustibles, ofrece asistencia técnica y consultoría, así como instrucción e investigación en materia aeronáutica y aeroportuaria; participa en el desarrollo tecnológico y colabora con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de regulación, verificación y supervisión de aeropuerto.

En la actualidad, administra directamente 19 aeropuertos del sistema nacional, los cuales integran la Red ASA y, durante 2019, atendieron a tres millones 429 mil 531 pasajeros, lo que representó un incremento de 13.7% respecto a 2018.  Además, en sociedad participa en los aeropuertos de Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez y Palenque.

Por su parte, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es la empresa responsable de la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El AICM registró en 2019 una afluencia de 50,308,049 pasajeros, de los cuales 32,660,267 fueron nacionales y 17,647,782 internacionales. El total reflejó un incremento del 5.5% respecto del 2018.

Después de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el Sistema Aeroportuario Metropolitano; dicho sistema estará conformado por tres aeropuertos: el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), el Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Internacional de Toluca (AIT). Esta red tendrá la capacidad de atender hasta 80 millones de pasajeros dentro de dos años y 128 millones en su etapa final.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) fue el primero en México y Latinoamérica en cotizar simultáneamente en los mercados de valores de Estados Unidos (NYSE) y de México (BMV). ASUR administra y opera nueve aeropuertos en la región sureste de México, ocho más en Colombia y el principal aeropuerto de Puerto Rico, el Internacional de San Juan. ASUR opera el segundo aeropuerto más importante de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el cual registró una afluencia de 25,481,989 pasajeros en 2019, de los cuales 8,980,397 fueron nacionales y 16,501,592 internacionales.

En el mismo orden de ideas, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) administra y opera 12 aeropuertos en las regiones del Pacífico y Centro de México, y dos en Jamaica. El mayor aeropuerto gestionado por el GAP es el de Guadalajara, que en 2019 atendió a 14,846,000 de pasajeros, lo que lo sitúa como el tercero con mayor afluencia en el país. Además, el GAP opera el primer aeropuerto binacional entre México y Estados Unidos con la inauguración en 2015 de la terminal transfronteriza Cross Border Xpress del Aeropuerto Internacional de Tijuana, que interconecta a la ciudad de San Diego, California con Tijuana.

Con la primera terminal binacional en América y segunda del mundo, el aeropuerto de Tijuana es el quinto más ocupado de México, después de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, y Monterrey. En 2019, el Aeropuerto Internacional “General Abelardo L. Rodríguez” registro 8,925,900 pasajeros, de los cuales 5,979,700 fueron nacionales y 2,946,100 internacionales, lo que representó un crecimiento de 7.5% respecto de 2018.

Por último, el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) administra y opera 13 aeropuertos de la región Centro-Norte de México. El aeropuerto internacional “General Mariano Escobedo” de la ciudad de Monterrey es su principal puerto con un registro de 11,176,555 pasajeros transportados en 2019; además fue el que tuvo mayor apertura de rutas en el país con 15 nuevas rutas.

Durante el período de enero a noviembre, la AFAC comunicó un total de 71,295,654 pasajeros transportados mediante la red de aeropuertos comerciales, 6.1% más respecto al mismo periodo del año anterior. Hoy en día, la industria aérea mexicana se caracteriza por ser una de las industrias con más alto crecimiento en el país. Es un sector dinámico y competitivo obligado a operar de manera eficiente por su naturaleza de generar ingresos.

El Plan Nacional de Infraestructura para 2020 considera una inversión de 42,500 millones de pesos destinada a distintos proyectos de infraestructura en 29 aeropuertos. Entre dicha inversión destaca la programada para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde se contempla la construcción de la Terminal 2 así como de una segunda pista. El proyecto representa una inversión de 10,543 millones de pesos por el GAP y permitirá incrementar su capacidad de tráfico de pasajeros primero a 20 millones en cinco años, para después alcanzar los 50 millones de pasajeros.

La desregulación iniciada en 1998 le otorgó dinamismo y competitividad al sector aéreo mexicano. El surgimiento de grupos operadores de aeropuertos permitió explotar la industria atendiendo las demandas de los usuarios de una manera más eficiente y brindando servicios de mayor calidad. Sin embargo, es necesario enrutar de forma paralela los montos de inversión proyectados para la infraestructura aeroportuaria con los niveles de pasajeros actuales y a futuro.

En este escenario, también vale la pena mencionar la desigualdad que se presenta entre la infraestructura de los aeropuertos operados por grupos privados y aquellos administrados por el sector público. Sin duda, emparejar los niveles de eficiencia y productividad de ASA con respecto de la de los grupos privados representa un reto significativo para el Gobierno de México.


Eduardo Velazquez Leyer

Director Gobierno y Asuntos Públicos ATREVIA México. Politólogo, Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Zaragoza, en España; Maestro en Gobierno por la Universidad Complutense de Madrid, en España, con más de 12 años de experiencia en asuntos públicos y de gobierno.

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