El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó el pasado 31 de enero el plan “Catalunya lidera” que prevé una inversión de 18.500 millones de euros hasta 2030. Uno de los principales ejes sobre los que pivotará este plan es el impulso de la transición energética y la descarbonización.
El plan contempla la instalación de 12.000 megavatios de nueva potencia renovable, con el propósito de que el 50% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables en 2030. Se trata de un paso clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y autosuficiente.
Reto pendiente
Según el Observatorio de Energías Renovables de Cataluña (OBERCat), en 2023 solo el 13,6% de la demanda eléctrica se cubrió con energías limpias, una cifra significativamente baja en relación con el potencial de la región. Cataluña sigue dependiendo en gran medida de la energía nuclear y de la importación de electricidad de otras comunidades y países. Para alcanzar los objetivos de 50% de renovables en 2030 y 100% en 2050, será necesario un despliegue más acelerado de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, además de una mayor inversión en tecnologías de almacenamiento energético.
Sin embargo, debido a las características geográficas y la elevada densidad de población de Cataluña, la implantación de grandes parques eólicos y solares a menudo genera resistencias por parte de comunidades locales, sectores agrícolas y organizaciones ecologistas. Un aspecto clave para el éxito de la transición energética en Cataluña es la necesidad de obtener una «licencia social» para el despliegue de infraestructuras renovables, lo que implica establecer un diálogo fluido y transparente con el territorio. Así pues, para evitar conflictos y garantizar una transición justa, es fundamental diseñar modelos participativos que incluyan a ayuntamientos, entidades del territorio y ciudadanía en la planificación de los proyectos. Esto ha de permitir acelerar la implantación de energías renovables y a la vez minimizar el impacto ambiental y paisajístico. En definitiva, sin una estrategia de consenso y corresponsabilidad, el despliegue de las energías renovables en Cataluña se verá, todavía más, ralentizado por la falta de aceptación social y conflictos territoriales.
Necesidad estratégica
Cataluña cuenta con un tejido económico, industrial y tecnológico que la posiciona como un actor clave en el desarrollo de energías limpias, especialmente en áreas como la movilidad sostenible, la electrificación del transporte y la eficiencia en el consumo energético. Lo que implica que una aceleración en el despliegue de las renovables en uno de los polos económicos e industriales del Estado contribuirá de manera decisiva al proceso de descarbonización de España en su conjunto.
Y es que la descarbonización ya no es solo un imperativo ambiental, sino una necesidad estratégica para garantizar la soberanía energética, la competitividad industrial y la resiliencia económica de Cataluña y Europa en un contexto de crisis climática y geopolítica global.
