German Ríos, profesor de IE University, exdirector de Asuntos Estratégicos en Madrid de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y senior partner de ATREVIA en el área de Inteligencia y Análisis, analiza el acuerdo con los acreedores privados extranjeros en Argentina y sus implicaciones en la realidad política y económica del país.
Claves
• El gobierno argentino y los acreedores privados extranjeros alcanzaron un acuerdo (que deberá ratificarse en los próximos días) para reestructurar una deuda de alrededor de 65.000 millones de dólares.
• Se estima un ahorro de 30.000 millones de dólares en 10 años. El principal no experimenta cambios significativos (la quita será de 1,9% o US$1.230 millones), pero el interés promedio baja del 7% al 3%. Si se suman los ahorros por la restructuración de la deuda bajo la legislación local (el Gobierno envió al Congreso un proyecto que confirma el tratamiento igualitario entre acreedores bajo legislación extranjera y local) se estiman US$42.500 millones en total en cinco años.
• El valor presente neto (VPN) a tasa de descuento de 10% es de US$54,8 centavos por dólar, por cada US$100 en valor facial de los títulos originales (desde los US$53,5 en la segunda propuesta oficial). Para llegar a un acuerdo final, el gobierno no modificó la reducción de capital o de intereses, sino adelantó las fechas de pago dentro de los mismos años presupuestarios.
• Es importante destacar que bajo el acuerdo el máximo de pago de intereses se posterga hasta cerca de 2030, con lo que la negociación compra tiempo para que el país crezca y genere divisas.
• Para cerrar el acuerdo antes de la fecha limite del 26 de agosto, uno de los puntos álgidos es definir los temas legales referentes a las clausulas de acción colectiva. Los acreedores privados extranjeros no quisieran que las condiciones finales de los nuevos bonos le faciliten al gobierno argentino una nueva reestructuración en el futuro.
• A partir de ahora el gobierno deberá enfocarse a la renegociación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la planificación de una salida de la recesión económica de los últimos tres años, exacerbada por la pandemia.
Análisis
Aunque ha demorado varios meses, alcanzar un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera fue posible gracias al apoyo del FMI y la menor actitud de confrontación de los fondos de inversión en comparación con los fondos buitres, principales protagonistas de restructuraciones previas. Además, la pandemia y las proyecciones económicas a futuro de la economía mundial facilitaron la labor del ministro Guzmán.
Llegar a un acuerdo con el FMI, el mayor acreedor individual de Argentina es una historia diferente. En primer lugar, existen grandes diferencias entre las visiones económicas de las dos partes. En segundo lugar, el FMI (y varios sectores en el país) reclaman que el país no ha presentado un plan creíble para reducir el déficit fiscal y para promover un crecimiento económico sostenible a largo plazo. En tercer lugar, las diferencias políticas entre el presidente Fernández y el ala más radical del peronismo (liderada por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) pueden entorpecer la negociación. En este acuerdo el FMI le exigirá a Argentina la aplicación de reformas estructurales, por ejemplo, reducir el gasto público y/o aumentar los impuestos, iniciativas que serán políticamente difíciles de adoptar para la administración Fernández.
Argentina tiene que crecer y generar divisas para pagar su deuda, lo que implica que en un contexto de restricciones fiscales, deberá hacer importantes apuestas productivas. A pesar de no tener un plan explicito de crecimiento, el gobierno ha insistido en la reactivación de PYMES y la agroindustria como puntas de lanzas del crecimiento económico de mediano plazo. Sin embargo, esto no será sencillo en un contexto de pandemia, donde la principal estrategia del gobierno ha sido un confinamiento extremo, que ha causado una profunda recesión económica. De hecho, Argentina, junto con Venezuela, probablemente mostrarán las mayores caídas del PIB en 2020. Gastar para mantener a flote a familias y empresas durante la pandemia, ha incrementado el déficit fiscal, lo que se convertirá en una piedra de tranca de la estrategia productiva. El final de este acuerdo es solo el comienzo de una nueva historia compleja, donde se necesitará margen de maniobra para controlar el déficit fiscal, e impulsar la producción y el crecimiento.
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Rebecca Rico. Directora de Analytics & Escucha Social Avanzada
