El pasado 31 de diciembre terminó la presidencia española del Consejo de la Unión Europea que ostentó España durante los últimos seis meses de 2023. ¿Cuál fue el mayor aporte de España durante su presidencia? ¿Qué objetivos no se alcanzaron? ¿España tuvo beneficios? PR Noticias hace un balance de la presidencia española con una entrevista a Ramón González Bernal, director de ATREVIA Bruselas.
«¿Cuál fue el mayor aporte de España al Consejo de la Unión Europea durante estos seis meses de presidencia?
Se cerraron varios acuerdos normativos y se perfilaron consensos en temas estructurales. Las últimas presidencias del Consejo de la UE antes de unas elecciones, en este caso la española y la belga, tienen la oportunidad pero también el reto de cerrar la posición del Consejo sobre una materia o cerrar la propia regulación y dejarla lista para su publicación antes del parón legislativo que se produce hasta la elección de un nuevo Parlamento y una nueva Comisión. Digamos que pueden dejarse las cosas “encaminadas”. España, en este sentido y desde su papel de director y moderador de los debates, ha conseguido cerrar acuerdos en gran parte de la normativa que se marcaba como objetivo al principio del semestre, desde cuestiones muy concretas hasta consensos en asuntos estructurales para los próximos años. Destacan avances sectoriales como un primer acuerdo preliminar en materia de Inteligencia Artificial, la reforma del Mercado Eléctrico, la posición fijada sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios o el impulso, a lo mejor menos mediático, a una Tarjeta Europea de Discapacidad. También grandes cuestiones estructurales: el pacto migratorio, el acuerdo sobre los países candidatos para la ampliación comunitaria, las reglas fiscales o la celebración al comienzo de la Presidencia de la Cumbre Unión Europea – América Latina y Caribe.
¿Qué objetivos no se lograron?
Existen algunas cuestiones que no se han conseguido cerrar definitivamente y que bien pasarán a la Presidencia actual (Bélgica), de apenas cuatro meses efectivos por la convocatoria electoral, o al próximo mandato 2024-2029. Entre ellos la regulación sobre los trabajadores de plataforma, sobre la que ha habido algunos avances este semestre pero cuya culminación se espera los próximos meses. También la normativa propuesta por la Comisión para limitar el uso de pesticidas, que fue rechazada por el Parlamento y sobre la que el Consejo aún tiene que decidir si cierra definitivamente o envía una nueva propuesta a los eurodiputados, o el acuerdo con Mercosur, cuyo objetivo era cerrar o dejar casi listo para su entrada en vigor durante el semestre. Hay también mucho que avanzar en una normativa que no ha visto grandes progresos este semestre como el llamado Paquete Farmacéutico. Por otra parte, hay un objetivo que considero relevante más allá de la aprobación de normas o alcanzar consensos que se ha visto perjudicado por el debate político nacional: una Presidencia puede dar visibilidad al país que lidera el Consejo durante el semestre pero también debería ser una oportunidad para hacer pedagogía y subrayar la importancia de lo aprobado en Estrasburgo y Bruselas sobre la vida diaria de los ciudadanos. Aunque desde un punto de vista técnico se ha hecho un buen trabajo, cerrando dosieres o celebrando un gran número de reuniones interinstitucionales (trílogos), en España el foco ha estado en mayor medida en la convocatoria electoral, la investidura o el efecto que la amnistía u otros acuerdos ligados a la misma pudiera tener sobre las instituciones europeas.
Para España, ¿hubo beneficios?
Hay que tener en cuenta que los países que ostentan la Presidencia rotatoria del Consejo han visto disminuido su rol con las sucesivas reformas institucionales de la Unión, como la propia existencia de un presidente permanente del Consejo Europeo. El papel que desempeñan ya no es de liderazgo o de fijación de posición común, sino de moderador de los debates. Si pueden, sin embargo, elegir en cierta medida qué dosieres normativos quieren priorizar y en este sentido España ha impulsado el desarrollo de normativa ligada a sus propios objetivos en clave nacional: principalmente en materia de transición verde y digital y consiguiendo posiciones comunes alineadas con lo defendido por le Gobierno como en el caso del mercado eléctrico, entre otros asuntos. Existe un segundo beneficio más abstracto y difícil de cuantificar como la propia visibilidad desde un punto de vista de marca país y atracción turística que la Presidencia facilita al país que la ostenta. En el caso de España se ha optado por una Presidencia de visibilidad alta (como durante la Presidencia francesa de 2022 y a diferencia de la checa y la sueca posteriores), a través de la gran Cumbre de Granada o la decisión, a mi juicio positiva, de fijar reuniones sectoriales de ministros europeos en cada una de las Comunidades Autónomas.
¿Qué sectores se vieron más beneficiados, y cuáles menos?
Se ha impulsado normativa en diversos sectores. Desde España se han priorizado los avances en energía y transición ecológica, ligados por otra parte a uno de los dos grandes pilares de la Comisión para el mandato que ya termina (el verde y el digital), pero también se ha avanzado en transformación digital, en materia social o en salud. Hay que tener en cuenta, como mencionaba antes, que la Presidencia del Consejo puede elegir acelerar unos dosieres sobre otros pero la regulación en discusión durante su semestre viene casi en su totalidad determinada por el trabajo realizado por las presidencias previas o los avances en otras instituciones como el Parlamento. Sí se han podido ver pocos avances en una normativa que ha pasado prácticamente desapercibida como la Directiva para combatir la violencia contra la mujer, que se encuentra con poco consenso entre los Estados miembros.
Dado el acercamiento histórico entre España y América Latina, ¿qué beneficios trajo esta presidencia a la relación birregional?
La relación entre España y América Latina, en el contexto de la Presidencia, está lógicamente ligada al impulso en la relación que ha supuesto para todo el club comunitario la celebración en julio de la Cumbre UE-CELAC. España ha liderado tradicionalmente la relación con la región en el seno de la UE y es un buen indicador que durante este semestre se haya retomado una Cumbre detenida durante 5 años. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esto es solo un primer paso, un primer acercamiento político que debe desarrollarse durante el próximo mandato, con una herramienta de financiación esencial para la región como Global Gateway. Hay grandes retos para los próximos años: el cierre del acuerdo de Mercosur o el afianzar a la región latinoamericana como un socio fiable en el objetivo europeo de ser más autónomos estratégicamente, con el Pacto Verde y las exigencias medioambientales a la importación como telón de fondo. Las empresas, tanto europeas como latinoamericanas, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la materialización de las inversiones del Global Gateway así como en la relación y cooperación entre ambas regiones en esos ámbitos.
Transición ecológica durante este periodo, ¿qué aportó España a Europa, y Europa a España?
Quizá donde se ha visto un mayor liderazgo por parte de España durante el semestre ha sido en el ámbito de la transición ecológica. Teresa Ribera ha desarrollado un papel protagonista en las negociaciones en un entorno comunitario que conoce bien, y se ha avanzado en normativa muy relevante como la reforma del Mercado Eléctrico, donde se busca frenar la volatilidad de los precios y favorecer el acceso a la energía desde fuentes renovables. También ha habido avances en el Acta Net-Zero, que busca lograr una capacidad industrial de emisiones netas cero, aún en discusión pero con un primer acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre. La Directiva sobre eficiencia energética de los edificios o las primeras subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, un sector que España quiere impulsar especialmente y donde hay un alto potencial de crecimiento han sido otros de los avances para el sector.
En su discurso de despedida, Pedro Sánchez dijo que este semestre se han alcanzado acuerdos históricos para avanzar en el proyecto común europeo, ¿cuál destacaría usted?
Es cierto que ha habido acuerdos estructurales muy relevantes para el futuro de la Unión. Destacaría, a corto plazo y con efecto casi inmediato, el acuerdo logrado in-extremis sobre la reforma de las reglas fiscales, alcanzándose una posición intermedia entre aquellas más ortodoxas y alineadas con los límites fijados hasta ahora y aquellas posiciones que optaban por un modelo más maleable y adaptado a la realidad de cada Estado, así como el pacto migratorio. Con la mirada puesta en la próxima década, el acuerdo para abrir las negociaciones de adhesión a la UE con Ucrania y Moldavia es especialmente relevante y reabre el debate sobre grandes cambios en algunos aspectos esenciales del funcionamiento de la UE, como las reglas de las mayorías, o los efectos que una futura ampliación pudiera tener sobre la Política Agraria Común.
¿Cuál es el mayor aprendizaje, de necesaria aplicación para cuando le toque nuevamente a España presidir el Consejo?
Creo que más que pensar en la próxima Presidencia que, si no se amplían los Estados miembros, no se alcanzaría hasta 2037, conviene analizar cómo podemos, ya desde 2024, dar una mayor relevancia en el ámbito nacional a aquello que se debate y decide en Bruselas. Este mismo año tenemos elecciones al Parlamento Europeo el nueve de junio y posteriormente se elegirá una nueva Comisión Europea. España, ya sin la Presidencia, seguirá participando en decenas de negociaciones cada año donde defender su posición, la de sus ciudadanos y empresas, ante el resto de Estados y desde una perspectiva comunitaria. Casi el 70 % de la regulación que se aprueba en las Cortes Generales proviene de Europa y sería conveniente hacer un esfuerzo por darle a las relaciones internacionales y la política exterior, pero en particular a la política comunitaria, un papel protagonista en el debate político durante 2024″.
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