A camino entre el compromiso y la obligación, España tiene objetivos ambiciosos (y realizables) en materia de transición energética. Además, están negro sobre blanco y son cuantificables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 señala que el país deberá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 23% con respecto a los niveles de 1990; alcanzar un 42% de energía renovable sobre el uso final de la energía; mejorar la eficiencia energética en un 39,5%; y lograr que el 74% de la electricidad provenga de fuentes renovables, entre otros.
A nivel continental, la Comisión Europea, elevó el objetivo de la UE del 32% al 40% en lo que se refiere a energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto para 2030. Esto significa que, por ejemplo, la Unión Europea necesitará 451 GW de capacidad eólica para 2030, y vamos tarde. La UE requiere de la instalación de 30 GW de nuevos parques eólicos (terrestres y marinos) cada año de aquí a 2030, y en el pasado año 2023 construyó 17 GW. Fue una cifra récord, ya que nunca se había construido tanta eólica en un año natural, pero es insuficiente.
En el camino hacia la transición energética, y para asegurar el progreso tecnológico de la UE, el Consejo Europeo aprobó la Ley Europea de Materias Primas Críticas. La normativa busca que los estados miembros fomenten su autoabastecimiento y reduzcan al máximo la dependencia de países extracomunitarios. Esta ley señala que los países europeos deberán extraer de su territorio al menos el 10% de las materias primas que consumen al año, procesar el 40% de esa demanda y reciclar el 25%.
¿Qué demuestran todas estas cifras? Que el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales que tenemos no es una opción: es un deber.
Siempre comunicar de forma transparente
Cuando se pone en marcha un proyecto industrial, que en casos como los de energía eólica o los mineros estamos hablando de cuestiones estratégicas, suelen aparecer resistencias. En este contexto, una comunicación honesta y transparente por parte de las empresas y las administraciones es clave para que las comunidades locales puedan tener herramientas veraces y confiables para valorar la situación y posicionarse. En este punto, aparece la manoseada “licencia social”. Cualquier proyecto o empresa debe atender a las demandas éticas y sociales de las personas y las organizaciones del lugar en el que se va a instalar. Es necesario generar una relación de cercanía donde las comunidades locales sean una pieza clave, fomentando laconversación sincera y la escucha activa y resolviendo las dudas con argumentos sólidos y fidedignos.
Dicho esto, es importante subrayar que la responsabilidad de otorgar esta licencia social (que en algunos casos ya va a aparecer cuantificada en pliegos públicos a través del cumplimiento obligado de equis requisitos y criterios socioeconómicos) recae sobre las personas de las localidades afectadas y la administración local. Las empresas y los promotores sí deben atender a quien acude a ellos con cuestiones basadas en datos, pero no pueden estar a expensas de agentes sin arraigo concreto en el territorio y que no cuentan con la mínima formación en el tema. Si entramos en ese juego, corremos el riesgo como sociedad de perder oportunidades en las que nos va el futuro del planeta y, en consecuencia, el de las personas que lo habitamos.
Por poner un ejemplo, para poner en marcha un proyecto de extracción de minerales en España, es necesario que una empresa cumpla con la regulación de 103 administraciones y más de 130 leyes. El cumplimiento de esta densa normativa y una eventual Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva está en manos de técnicos y funcionarios. Estos profesionales capacitados ven de forma recurrente cómo se pone en duda su trabajo sin argumentos rigurosos y basados en datos. Una vez que una empresa ha cumplido con todos los requerimientos legales y, además, se ha comprometido de forma real a cumplir con los criterios socioeconómicos (estén o no requeridos legalmente) que le faciliten obtener esa licencia social, es exigible que los representantes públicos y las organizaciones implicadas actúen con respeto y rigor.
Si no explotamos nuestros recursos naturales de forma responsable y sostenible para cumplir con los requerimientos europeos, estaremos perdiendo oportunidades de desarrollo y poniendo en riesgo la estabilidad de nuestras cadenas de suministro e industrias. Además, nos veremos obligados a importar de otros lugares los recursos que necesitemos; lugares en los que no tienen la obligación de seguir los estrictos estándares comunitarios.
Debemos apostar por un progreso con sentido y consentido por las partes interesadas, y desarrollar una comunicación rigurosa y transparente va a ser vital para lograrlo.
