España sigue siendo un destino muy relevante en Europa para las firmas de private equity. Su pertenencia a la eurozona, su marco legal consolidado, la madurez y robustez de su sistema financiero y su particular tejido empresarial convierten al país en un entorno con fundamentos muy sólidos para la inversión. Y a esto se suma una creciente necesidad de capital para acometer transformaciones de carácter estructural en sectores clave para nuestra economía como pueden ser la energía, la salud, la industria o las infraestructuras.
Sin embargo, en los últimos años, muchas firmas de capital privado han comenzado a detectar una capa adicional de complejidad que influye directamente en la rentabilidad de las operaciones, que es el entorno institucional y su impacto real en los proyectos.
No se trata de una amenaza estructural ni de una inestabilidad sistémica. España continúa siendo, desde una perspectiva jurídica y administrativa, una economía de referencia. Pero sí es cierto que determinados procesos, particularmente los que dependen de múltiples niveles de administración o que se desarrollan en sectores regulados, se ven condicionados por factores ajenos a los parámetros de los modelos financieros tradicionales.
Este nuevo tipo de complejidad no aparece en los análisis de riesgo convencionales. No se manifiesta de manera patente en los estados financieros, ni en las hojas de cálculo de valoración. Pero puede surgir con fuerza cuando un proyecto se ve afectado por la falta de alineación institucional, la presión pública en determinados territorios o una interpretación ambigua de los marcos regulatorios.
Así, ya hay fondos de private equity que están viendo la importancia de cómo esta dimensión institucional puede erosionar el retorno de sus inversiones, al demorar plazos e incluso condicionar la ejecución de operaciones que, sobre el papel, cumplen todos los requisitos.
Este tipo de interferencias públicas no son siempre ni tan visibles ni tan fáciles de anticipar, pero tampoco son aleatorias. Es decir, existen señales que, leídas con criterio, permiten anticipar entornos más sensibles: proyectos con alta dependencia de determinados permisos o licencias, geografías concretas con elevada fragmentación administrativa o sectores con presión mediática o cambios recientes en la regulación son algunos ejemplos.
En este contexto, la función de los asuntos públicos adquiere un valor estratégico y se convierte en una herramienta de anticipación para reducir incertidumbre, mejorar el diseño de la inversión y proteger la creación de valor.
Por tanto, la gestión del entorno institucional y la medición de sus riesgos se convierte en una palanca que, bien trabajada, puede evitar bloqueos, legitimar proyectos desde su origen y acelerar procesos. Y para ello, es necesario:
– Incorporar inteligencia contextual desde la fase de análisis previo
– Evaluar la trazabilidad institucional de cada proyecto
– Establecer una interlocución técnica temprana con los actores clave, sin convertir la operación en un debate político
– Construir una narrativa de proyecto alineada con los intereses del territorio, que ponga en valor el impacto positivo de la inversión en empleo, desarrollo o sostenibilidad
– Contar con aliados locales que comprendan las dinámicas institucionales, los tiempos y los códigos no escritos
Las operaciones más resilientes son por tanto las que entienden el entorno en el que se insertan, dialogan con él desde el principio y se anticipan a sus dinámicas. Este conocimiento no es financiero, pero influye en lo financiero. No se refleja en términos de EBITDA, pero puede condicionar todo el business case.
Así pues, el capital privado sigue teniendo un papel muy destacado en el progreso del tejido empresarial español. Y su eficacia dependerá, cada vez más, de su capacidad para leer con precisión este contexto institucional del que hablamos y en el que necesariamente opera. Porque hoy, invertir en España no es solo un ejercicio de análisis económico y financiero: es, también, una cuestión de inteligencia institucional.
