La negociación tripartita entre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo de la UE sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, iniciada a mediados de noviembre 2020 bajo la presidencia alemana del Consejo, está lejos de alcanzar un consenso. Sin embargo, la actual presidencia del Consejo, encabezada por Portugal, ha asegurado que a finales de marzo se celebrará un «súper trílogo», que se estima «crucial», en palabras de la ministra de Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, para adoptar una evaluación comprehensiva y sistemática de los tres paquetes legislativos que forman la PAC: los planes estratégicos, la gobernanza horizontal y la organización común de mercados (OCM).
La negociación sobre este último paquete, cuyo informe ha sido elaborado por el rapporteur francés Eric Andrieu (S&D), ya se mostró controvertida en su paso por la Eurocámara en octubre, en una semana plenaria en la que las redes ardieron con hashtags de todos los colores; desde peticiones por tumbar la PAC, con el famoso tweet iniciado por la activista Greta Thunberg #VoteThisCAPdown, hasta recriminaciones por ser «demasiado verde». Aunque el célebre #VeggieBurgerBan fue rechazado, la también conocida Enmienda 171 sí fue aprobada por el pleno, así como la Enmienda 72. Pero, ¿por qué han generado tanto revuelo estas enmiendas?
Ambas enmiendas pretenden regular la forma en la que se comercializan ciertos productos alimentarios con el objetivo de limitar la confusión de los consumidores. La enmienda 72 establece que el anexo de la legislación relativa a las definiciones y descripciones comerciales «podría prescribir las condiciones bajo las cuales ciertos productos están protegidos, contra el uso comercial desleal, el uso indebido, la imitación o la evocación».
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