El pasado martes 23 de noviembre el Parlamento Europeo reunido en el pleno de Estrasburgo aprobó la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027. Esta nueva reforma movilizará unos 336.000 millones de euros; un tercio del presupuesto comunitario total. Gracias a los cambios que introducirá, más de 7 millones de agricultores europeos se verán beneficiados, y España será el tercer país que más fondos recibirá -tan solo por detrás de Francia y Alemania- con una asignación de 47.000 millones de euros.
La PAC es uno de los pilares principales de la UE y un elemento esencial del sistema institucional comunitario. La nueva reforma busca aumentar la productividad del sector con inversiones técnicas, estabilizando los precios de los mercados agrarios y garantizando un nivel de vida equitativo para los trabajadores del sector primario. Todo esto, se espera, mientras aseguran unos precios asequibles para los consumidores y unos productos de calidad. Esta reforma va en consonancia con otras políticas comunitarias como el Pacto Verde Europeo o la estrategia “De la granja a la mesa” que buscan cumplir los objetivos climáticos del bloque europeo.
La UE quiere convertirse en en el primer continente climáticamente neutro y la reforma de la PAC pretende ser otro paso adelante para alcanzar la meta de cero emisiones en el año 2050. Por este motivo, las acciones por el clima son fundamentales dentro de esta reforma, llegando a representar hasta un 40% del presupuesto total.
Se abonarán pagos específicos a los agricultores que adopten prácticas sensibles al clima y respetuosas con la naturaleza. Entre las acciones propuestas se encuentran la conservación de suelos ricos en carbono, la rotación de cultivos o el impulso a la agricultura ecológica. También se incluye como novedad, más primas para las medidas medioambientales y un incremento del margen de los Gobiernos para el reparto de las ayudas. Otra de las prioridades será además prestar un apoyo más específico a las explotaciones más pequeñas y ampliar la flexibilidad de los Estados miembros a la hora de adaptar las medidas a las condiciones locales de producción.
Todas estas reformas son el resultado de más de tres años de discusiones entre autoridades reguladoras, asociaciones y ciudadanos para conseguir para conseguir un consenso amplio de las nuevas medidas contenidas en la PAC. Sin embargo, varios actores involucrados han expresado su disconformidad con la reforma final aprobada.
Asimismo, algo que aún queda pendiente tras la reforma es relacionar las medidas contenidas en la PAC con la política comercial de la Unión Europea con el objetivo de no producir situaciones desfavorables para los productores europeos. Todo ello debido a que los estándares ambientales y sociales que estos deben cumplir en muchas ocasiones son más estrictos que los que aplican los productores de terceros países. Por ello, desde la Eurocámara los eurodiputados del grupo socialista presentaron una enmienda para que se estableciese una barrera en la frontera para gravar aquellos productos agrícolas de terceros países que no cumplan con los estándares comunitarios. La implantación de medidas de este tipo ya se estudia para gravar el CO2 de las importaciones de otros sectores como son el acero o el aluminio.
La nueva PAC, que se aplicará a partir de enero de 2023, tiene como novedad un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales. Estos serán elaborados por los Estados miembros en base a objetivos comunes. Los Gobiernos nacionales deberán ahora proponer acciones concretas para alcanzar los objetivos comunes.
Artículo de: Ignacio González
Public Affairs ATREVIA Bruselas
