El pasado 29 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 23 de julio, tras los resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas celebradas un día antes, adelantando por lo tanto los comicios previstos inicialmente para finales de 2023. La estrategia de esta decisión consistía en dar un golpe de efecto para evitar un mayor desgaste del Partido Socialista, mantener la cohesión entre sus filas y aglutinar el voto de toda la izquierda tras la crisis interna en Podemos por la creación de Sumar.
Cabe recordar que de las doce Comunidades Autónomas que celebraban elecciones el 28 de mayo (siendo Castilla y León, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía las excepciones), 9 eran lideradas hasta la fecha por el PSOE mientras que en una –Cantabria- el partido era el socio minoritario del gobierno. Los resultados del 28 de mayo, donde el PP obtuvo un 31,53% de los votos -superando en 750.000 sufragios al PSOE- y cosechó 7 millones de votos (2 millones más que 4 años antes), permitió al Partido Popular conformar nuevos gobiernos en Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Cantabria, La Rioja y Canarias, y mantener los gobiernos de la Comunidad de Madrid y previsiblemente, Murcia. De esta manera, el PSOE solo logró mantener los gobiernos de Asturias y Castilla-La Mancha, a la espera de la conformación del gobierno de Navarra. Asimismo, a nivel local, el PP fue la fuerza más votada en 7 de los 10 principales ayuntamientos del país.
La inesperada convocatoria electoral obligó a los partidos políticos a decidir en cuestión de días la manera en la que se presentarían a las elecciones y el registro de nuevos partidos o coaliciones. En otros casos, como en el de Ciudadanos, el partido decidió no concurrir a las elecciones generales tras las graves pérdidas electorales del 28 de mayo. Por su parte, las negociaciones entre Sumar y Podemos, estuvieron marcadas por intensas negociaciones acerca del encaje en las listas de los principales cargos de la formación morada y en particular, por la exclusión de la ministra de Igualdad y Secretaría de Acción dentro del partido, Irene Montero.
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