Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de ATREVIA, ha escrito un artículo para el diario online Top Comunicación en el que explica las claves para entender los terrenos de actuación de las public affairs y su situación a día de hoy.
«Parafraseando a Ortega, quien dejó escrito que “la fecha y el lugar de nacimiento explican por sí mismas dos tercios de una biografía”, podemos señalar que el contexto en el que se desarrolla cualquier actividad profesional nos explica mucho de la manera y las claves con las que esta actividad se lleva a cabo sobre el terreno.
Es por eso que, cuando analizamos una práctica profesional como la de los asuntos públicos, es muy importante entender qué tipo de factores condicionan, de inicio, el desarrollo de esta actividad. Y es que, sin tener en cuenta estas variables, es muy difícil entender por dónde van las tendencias a las que tenemos que estar atentos.
En este sentido, quizá la variable más importante sea entender la realidad político-administrativa del territorio en el que se trabaja. Y es que no se puede operar a fondo en un ecosistema tan complejo como es el ecosistema público sin entender -desde el terreno- las lógicas que manejan los actores y sin conocer bien los campos de juego en los que estas lógicas se desarrollan. Otro elemento fundamental para comprender cómo se desarrolla una actividad pasa por entender los cambios que se han producido en ese ecosistema a lo largo de los últimos tiempos. Las realidades humanas son dinámicas, y en esta modernidad líquida en la que todos habitamos, la velocidad de los cambios ha hecho real esa profecía que Marx y Engels dejaron escrita en el Manifiesto que publicaron en 1848, cuando señalaron que la modernidad era el mundo en el que “todo lo sólido se desvanece en el aire”.
Situación de los asuntos públicos en España hoy
Con apenas estos elementos podemos hacernos una composición cabal de hacia dónde tenemos que mirar para entender cómo se desarrollan las actividades de asuntos públicos en nuestro país y cuáles son los elementos clave para entender la situación de los asuntos públicos en España hoy en día y que podríamos resumir como el final del Estado-nación y el final del poder, tal y como veremos más adelante.
El primero de estos elementos está relacionado con la pérdida progresiva de soberanía de los -tan nuevos y ya tan viejos- Estados-nación. Aunque siguen siendo poderosos en nuestro imaginario colectivo, los Estados europeos -con las realidades que lo conforman, como pueden ser las Entidades locales y, en nuestro caso, las Comunidad Autónomas-, han perdido ya los principales atributos que marcaban la soberanía cuando el Estado moderno surgió en un largo proceso que se empezó a consolidar en el siglo XVI: este Estado-nación, dotado de banderas, pomposos himnos y vistosas tradiciones no solo ya no decide sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos (la pena máxima está abolida en toda Europa occidental), sino que un país como España tampoco puede enviar, motu proprio, fuerzas armadas al extranjero si no hay cobertura de alguna organización supranacional como pueda ser la ONU, por ejemplo (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional). Estados que fueron en su día señeros y paradigma del Estado-nación, como Francia, han decidido no emitir moneda propia y ningún Estado de la Europa occidental continental tiene una política comercial soberana para decidir con quién comercia, en qué condiciones y con quién no. Hay más factores, desde luego, que demuestran que los viejos Estados-nación ya no son lo que eran (la dificultad de controlar las propias fronteras es otro ejemplo) pero solo con los mencionados es suficiente para entender que hablar hoy de soberanía por parte de un Estado como el español o el belga es aplicar categorías antiguas y sencillas a realidades (post)modernas extremadamente complejas.
Esta situación no surge de la nada. Como Moisés Naím señaló hace años, el poder se está -literalmente- deshaciendo y es cada vez más difícil encontrarlo en ejercicio, especialmente en sociedades abiertas, complejas y plurales como las occidentales. La respuesta que a este desafío se ha intentado dar en el ámbito de Europa pasa por la puesta en marcha, en un proceso errático que dura ya décadas, de lo que podríamos definir sin temor como un Objeto Político No Identificado, un OPNI a medio camino entre una Confederación con tendencia federalizante y una Federación con el freno de mano echado, combinado todo ello con la ausencia clamorosa de un demos europeo por la subsistencia de identidades y relatos culturales nacionales que no permiten hablar de un proyecto cerrado y acabado. No en vano, las elecciones al Parlamento Europeo no son más que la suma de veintisiete elecciones estatales.
A mitad del trayecto europeo -o no, vaya usted a saber- el resultado es que, pese a los cambios reseñados, seguimos atrapados en el mundo simbólico del Estado-nación, porque las dinámicas de la política van por un lado, pero las socio-culturales por el otro: ya se sabe, las ligas de fútbol, los nacionalismos subestatales, la historia de guardería en las escuelas, mientras que la realidad, nuestro día a día, va por otro. Y ahí va un dato para visualizarlo con claridad: como nos recordaba hace unos días el Parlamento Europeo, el 65% de las leyes aprobadas en España en 2020 derivaba directamente de directivas y decisiones europeas. Es decir, de las 43 leyes aprobadas por las Cortes Generales, 7 leyes incorporan directivas europeas en el ordenamiento jurídico español y otras 21 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas de la Unión.
Presencia en Bruselas: fundamental
La conclusión no puede ser más clara: trabajar en el entorno de los asuntos públicos con la vista puesta solo en Madrid o en Barcelona es no entender bien el mundo en el que estamos entrando. Sin presencia propia en Bruselas, muchos de los intereses de nuestros clientes quedarán desatendidos, porque el verdadero puente aéreo en términos regulatorios que existe hoy en España es el que va de Madrid a Bruselas. Trabajar en Bruselas exige hacerlo con perfil propio -aquí las alianzas no suelen funcionar-, y hacerlo con un equipo coordinado que trabaje con las mismas lógicas con las que trabajan los profesionales que están en España. No entender esto es no haber entendido, como cantaba Radio Futura cuando todos éramos más jóvenes, que “el futuro ya está aquí”.»
