20 de julio de 2021
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecen la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para anunciar los siguientes acuerdos adoptados:
- Aprobado el Real Decreto que regula la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico del COVID-19.
- Aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática.
- Aprobada el anteproyecto de Ley del Ministerio de Consumo que actualizará la normativa de defensa de los consumidores en España.
En su comparecencia, la ministra y portavoz anunció la aprobación del Real Decreto que regula la venta al público de los test de antígenos en las farmacias con la finalidad de facilitar su uso por la población, aumentando la capacidad de diagnóstico y contribuyendo al control de la pandemia.
Por su parte, el ministro Bolaños anunció la aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, una norma estructurada en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Por último, el ministro Garzón informó acerca de la tramitación del anteproyecto de Ley del Ministerio de Consumo. Se trata de una reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de adaptarla a las nuevas formas de comercio electrónico y regular comportamientos empresariales perjudiciales. Con esta reforma, el Gobierno otorga a Ministerio la competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países, o cuando el infractor no esté localizado en España, y también en infracciones que puedan afectar a la unidad del mercado y a la competencia. Entre otros, se prohibirá la publicidad encubierta en redes sociales y en reseñas y comentarios. Asimismo, el anteproyecto desarrolla por primera vez un régimen sancionador para disuadir el fraude a los consumidores. Su finalidad es que las multas derivadas de los fraudes sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, como exige la Unión Europea.
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