Pistoletazo de salida para la Ley de Transparencia


Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre transparencia y rendición de cuentas. Políticos, empresarios y, sobre todo, iniciativas ciudadanas se han pronunciado sobre la necesidad de “regenerar” nuestra democracia. Los casos de corrupción han servido de telón de fondo y de acicate de este debate.

Ayer, miércoles 10 de diciembre -y un año después de que fuera publicada en el BOE-, entraba en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establece nuevas obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información para administraciones públicas, instituciones y organismos del Estado y otras organizaciones. A partir del 10 de diciembre de 2015 también se aplicará a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales.

Recoge dos tipos de obligaciones: la de publicar proactivamente la información y la de responder a preguntas y solicitudes de los ciudadanos. Partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicales y algunas empresas privadas –concretamente las que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o aquellas en las que al menos el 40% del total de sus ingresos provengan de ayudas públicas– deberán publicar la información relativa a contratos o convenios con las administraciones públicas, así como las subvenciones que reciban.

La ley prevé, entre otros, dos instrumentos para su control y desarrollo: el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno (dependiente del Ministerio de Hacienda) y un nuevo portal online que reúne la información publicada (ver aquí).

A falta de ver cómo y en qué se concreta su aplicación, la ley de transparencia nos parece un avance que acerca a España a los estándares de transparencia de otros países de nuestro entorno.

 


Public Affairs

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