En tiempos de convulsión política, el activismo conforma una parte fundamental de la vida pública, y el que más y el que menos busca implicarse en una causa. Bien sea por compromiso real con el tejido social, bien por constituirse una marca personal que exude civismo y empatía, particulares y organismos emprenden acciones sin ánimo de lucro que buscan revertir en una buena convivencia en colectividad.
Con las empresas ocurre lo mismo.
Quieren ir más allá de la clásica Responsabilidad Social Corporativa y prodigarse como auténticas benefactoras del bien común.
Como decimos, existe una duda razonable acerca de la nobleza de los motivos que subyacen a dichas acciones, que en el caso de las empresas y el Branded Government se intensifica aún más, ya que cabe la posibilidad de que el marketing haya encontrado un filón económico en dicha ética circunstancial. Sobre todo ahora, que es bien conocida la acuciada conciencia social de las nuevas generaciones de consumidores.
Lo cierto es que, aunque así fuera, y se trate de una mera estrategia de marketing en busca de una mejora de su reputación, las personas benefactoras de tales acciones seguirían saliendo gratificadas. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Easy Taxy, que, durante la epidemia del Ébola, se asoció con Dettol para ofrecer lecciones a taxistas nigerianos sobre cómo diagnosticar y prevenir la enfermedad con el objetivo de que transmitieran dichos conocimientos a los pasajeros. El nuevo proyecto que se trae entre manos Facebook sería otro ejemplo de branded government.
Si bien, por el momento, no son muchas las empresas que se han atrevido a alejarse de la definición estandarizada de “negocio” y a actuar en conjunto con instituciones gubernamentales, se prevé que está tendencia vaya en aumento a lo largo de este año 2015.
No obstante, aunque las marcas no aspiren a ser la panacea del activismo social, ninguna puede permitirse el lujo ya de ser asociada con cuestiones negativas o poco éticas.
El acceso a la información y a la transparencia de la que se dispone hoy día ha llevado al consumidor a exigir, como mínimo, un consumo libre de culpa en el que no cabe ningún tipo de mala praxis empresarial.