Fondos europeos para un rescate colectivo


La pandemia mundial provocada por la Covid-19 hizo que la Comisión Europea tomara cartas en el asunto a mediados de 2020 hasta el punto de impulsar un mecanismo de ayudas a los Estados Miembros para paliar el duro golpe social, sanitario y económico causado por el coronavirus. Un empujón de 750.000 millones de euros -algo nunca antes visto en Europa- para hacer frente al descalabro financiero de nuestras economías, y que fue aprobado finalmente en diciembre por el Parlamento y Consejo europeos.

El objetivo era movilizar inversiones públicas y privadas a escala europea para reparar los daños inmediatos causados por la crisis sanitaria, así como para afrontar los retos a medio y largo plazo que marca la agenda europea, que pasan por la descarbonización y digitalización de la economía.

El programa, denominado “Next Generation”, englobaba diferentes capítulos, todos ellos bajo el paraguas de tres pilares básicos: relanzar la economía impulsando la inversión privada, apoyar inversiones y reformas de los Estados miembros, y extraer enseñanzas de la crisis.

De ellos, el capítulo más cuantioso era el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para el que se destinaban 672.500 millones de euros entre subvenciones y préstamos.

 

6 meses de gestiones y papeleos

Para poder optar a este dinero, los 27 han tenido que trabajar para entregar a Bruselas unos planes nacionales convincentes, donde se recojan inversiones y reformas capaces de dar un vuelco a sus maltrechas economías, y que convenzan a la Comisión y el Consejo Europeos.

España lo ha hecho a través del plan ‘España Puede’, donde aparecen 212 medidas (110 inversiones y 102 reformas) para ejecutar hasta 2026.

6 meses de gestiones y de intenso trabajo burocrático que han terminado hace unos días para nuestro país, ya que el pasado 13 de julio el ECOFIN dio el visto bueno definitivo al plan de recuperación español. Esto permite dar nuevos pasos para el reparto de fondos a los 27, y especialmente, para que llegue la primera partida de dinero a España.

 

Los primeros 9.000 millones a punto de llegar

De los 750.000 millones del plan europeo, España será el país más beneficiado, y recibirá 140.000. De ellos, 77.300 millones serán transferencias directas, y el resto en préstamos.

Pero no todo el dinero va a llegar de golpe. Con la aprobación del plan presentado por España por parte del ECOFIN se desbloquea la primera partida de “hasta el 13%”. Es importante el matiz de “hasta el” porque en un primer momento se dio por sentado que sería el 13% para todos, pero tal y como refleja el plan europeo de recuperación, Bruselas puede regular ese porcentaje en función de las peticiones de los países y el dinero que se haya obtenido en las diferentes emisiones de deuda hechas por la Unión Europa para financiar dicho plan.

Nuestro país ha solicitado un desembolso de 69.500 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Luego el 13% haría que nos correspondan hasta 9.000 millones de euros en este primer reparto.

Sea como fuere, lo cierto es que España recibirá en las próximas semanas -con casi toda seguridad- estos 9.000 millones de euros para poder comenzar a ejecutar su plan nacional de recuperación. Y empezará a hacerlo activando los mecanismos que tiene diseñados para ello y que vienen recogidos en el plan español: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), y las convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas que impulse el Gobierno central.

El Gobierno de España tiene previsto convocar a partir de este momento y, al menos hasta el final de 2023, diferentes convocatorias para hacer llegar ese dinero al tejido productivo con el fin de cumplir con los objetivos del plan recuperación español: la transición ecológica y digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.

 

Los PERTE empiezan a desvelarse

Si hay algo en lo que confía el Gobierno es en los PERTE, esa figura de nueva creación que busca el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, articulado como un componente de colaboración público-privada.

Parece ser que habrá seis PERTE de aquí a 2023 -en principio dos por año- y cuyas características tienen que ser aprobadas por el Consejo de Ministros (de forma individual en cada PERTE) basándose en criterios objetivos y transparentes.

Estos 6 PERTE podrían ser los siguientes:

  1. La industria de la automoción verde y conectada.
  2. La generación energética mediante hidrógeno verde.
  3. La industria aeroespacial.
  4. La agricultura sostenible y eficiente.
  5. El uso del español en el ámbito de la inteligencia artificial.
  6. Salud de vanguardia.

 

Por el momento ya se ha dado la luz verde al primero, el de la industria de la automoción verde y conectada. Aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, lleva el nombre de PERTE-VEC, y prevé movilizar 24.000 millones de euros públicos y privados para generar una contribución al PIB de entre el 1% y el 1,7%. Para este PERTE, el calendario tentativo del gobierno apunta a que después del verano se iniciarán las convocatorias de proyectos Plan Tecnológico Automoción Sostenible y en el cuarto trimestre la convocatoria de Ayudas de la Actuación Integral sobre cadena de valor.

¿Cuál será el siguiente PERTE? Es una incógnita, igual que la fecha de su anuncio. El presidente del Gobierno ya ha avanzado que podría ser el referido a sanidad, pero es cierto que se escuchan rumores sobre el de agroalimentario. La fecha, puede que a finales de este 2021.

 

Un desarrollo de decreto que no llega

La principal duda con los PERTE es cómo se va a desarrollar cada uno de ellos porque no hay una norma regulatoria que lo especifique. De ahí que todo apunte a que vaya a ser el Consejo de Ministros en cada caso particular el que dé los detalles, con posterior desarrollo -todo parece indicar- de cada Ministerio afectado en cada caso.

¿Y por qué no hay una norma regulatoria? Norma hay, pero no hay un desarrollo reglamentario de la misma. En diciembre de 2020 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 36/2020, el conocido como Real Decreto-ley sobre Fondos Europeos, pero del que no hay un desarrollo reglamentario como ocurre en todos los Reales Decretos. El Gobierno ha asegurado en las últimas semanas en conversaciones off the record que es posible que no haya un desarrollo reglamentario como tal y que sea cada Ministerio el que regule las normas, lo que hace estar más pendiente de todo aquello que se publica en el BOE para conocer a fondo los detalles.

 

Rendimiento de cuentas a Bruselas

Como se señalaba con anterioridad, todo el dinero no va a llegar de golpe a los países miembros, ya que será la Comisión Europea la que vaya dosificando las entregas. Y lo hará -en principio, cada seis meses- y en función de los objetivos logrados por cada país. Es decir, que si España, por ejemplo, ha hecho un buen uso de la partida de fondos entregada, se le pagará la partida siguiente. Y para ello ha de justificarlo bien porque el dinero se ha de gastar en aquello para lo que está destinado. Es lo que se llama “proyectos finalistas”.

De ahí que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a ser quien centralice todo el reparto de fondos en España, sin dejar -parece ser- demasiado margen de maniobra a las Comunidades Autónomas o a las Administraciones Locales. ¿Por qué? Pues porque quien rinde cuentas ante Bruselas para que España reciba la siguiente partida es el Gobierno central y no otras administraciones. Por eso esa centralización por parte del Gobierno y apoyada en cada Ministerio: para evitar sustos.

 

Casi en agosto, ¿y ahora qué?

Esa es la pregunta que se hace todo el mundo porque cuando parecía que todo empezaba a rodar, Pedro Sánchez sorprendió con una “esperada” crisis de Gobierno. Esperada, pero no tan profunda como finalmente ha sido. Tanto que, a día de hoy, se siguen formando equipos en los diferentes Ministerios, de tal manera que poco se puede hacer en cuanto a fondos europeos cuando no hay personas específicas designadas para ello.

Lo bueno de esto es que hay Ministerios que son clave para el desarrollo de estos fondos Next Generation en España que no han sido tocados por esta crisis, como puede ser Economía, Industria o Sanidad.

Agosto es un mes de poca actividad en la administración general del Estado. La incógnita es qué ocurrirá este mes de agosto dado que se estará en medio de un proceso de reparto de dinero; de dinero que no llega; de convocatorias que no salen; y de Ministerios organizándose para hacer esas convocatorias. Todo un reto.

 

 

Autor: Javier García Vilumbrales


ATREVIA Bruselas

Equipo de Asuntos Públicos europeos en la oficina ATREVIA de Bruselas. Especializados en asuntos políticos y regulatorios de la UE.

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