Existe un amplio consenso sobre el hecho de que el mayor problema que afronta el medio rural español es el éxodo de población hacia las áreas urbanas; ya sea por una cuestión económica o de una transformación cultural que visualiza lo rural como algo arcaico o residual. Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “este reto se debe abordar de forma global, integral y trasversal, con el conjunto de políticas sectoriales y los instrumentos disponibles”. Tanto es así que ya se ha posicionado el tema en la agenda política, dando pasos significativos como la creación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico.
Según el citado Ministerio, “el medio rural supone el 85% del territorio, en el que vive menos del 20% de la población, habiéndose constatado desde 2007, una reducción de un 9% de las personas que viven en los municipios rurales. Además, hay unos 1.300 municipios que se consideran escasamente poblados con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado”. Esta tendencia va a más y los pueblos están cada vez más despoblados y las ciudades son cada vez más grandes.
Antes de plantear posibles soluciones al reto de la despoblación rural toca hacer un diagnóstico preciso sobre los elementos que ya están ayudando a ralentizar el éxodo del campo, para potenciarlos y coordinarlos con las múltiples innovaciones y voluntades existentes. De hecho, contamos con grandes redes de intercambio presentes en todo el territorio nacional, ya sean sanitarias, económicas, de comunicación o sociales. Nos referimos a estructuras como las farmacias comunitarias, las parroquias, la mensajería o las líneas ferroviarias… En definitiva, redes que vertebran y cohesionan el país; permitiendo el intercambio de conocimiento, la generación de actividad económica y cosas tan esenciales como un acceso equitativo al Sistema Nacional de Salud, con independencia del lugar de residencia. Una auténtica “cota de malla” del sistema que debe ser protegida y tenida en cuenta en cualquier actuación que se lleve a cabo por parte de los decisores públicos. Un reclamo que llega incluso desde las instituciones de la Unión Europea que piden un incremento significativo de las inversiones en áreas como la red ferroviaria o la escuela rural.
El papel que cumplen estas instituciones estructurales no está suficientemente valorado y se dan casos como el de las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC), aquellas que no alcanzan el 11,4% de la facturación de una farmacia media y que tienen una fuerte presencia en las áreas rurales, que podrían mejorar su situación con un aumento de sus competencias asistenciales en el actual modelo de gestión sanitaria; o la labor de Cáritas durante los años más duros de la pasada crisis económica y la actual con los refugiados.
Otro ejemplo paradigmático es el de las industrias lácteas, sector estratégico para la supervivencia del mundo rural. A través de sus más de 2.500 centros de transformación, esta industria vertebra la llamada “España vacía” y contribuye no solo a fijar la población, sino también a mantener sus estándares de bienestar a través de la capilaridad y conectividad que ofrecen las rutas diarias de recogida de leche y los servicios informales que estas prestan.
La legislatura que se inicia constituye una oportunidad para afrontar los retos planteados y seguro será necesario el diálogo y la búsqueda de consensos para adoptar medidas consistentes. Nuevos parlamentarios, nuevas agendas, una creciente sensibilidad ciudadana hacia lo rural y una sólida infraestructura serán los ingredientes con los que “cocinar” las nuevas políticas públicas.