Hablar de Sistema Nacional de Salud (SNS), un pilar de la sociedad española y de su forma de convivir, es hablar de la salud de los ciudadanos; es decir, un peldaño básico en la pirámide de necesidades de las personas. En definitiva, salud y SNS son historias de vida y de actualidad. Se configura así un sector que demanda inmediatez y que es reacio a entrar en un marco de reflexión enfocado en el largo plazo. Y es en esta plaza cortoplacista en la que el concepto de sostenibilidad tiene que lidiar.
En una reciente entrevista publicada en el diario ABC, el cardiólogo Valentín Fuster hacía la siguiente reflexión: “durante años hemos trabajado en la ciencia de la enfermedad y ahora debemos hacerlo en la ciencia de la salud, con la misma tecnología y ciencia. Promover la salud va a ser mucho más económico que tratar la enfermedad”. Fuster aporta un elemento, el de la prevención, para conectar con algo de “luces largas” como es la sostenibilidad.
¿Y cómo se podría afrontar este escenario desde la esfera política? Desde luego, no existe una receta única, pero la dinámica podría pasar por una superación de las lógicas electorales y de “competición” partidista clásica. Un ejemplo de esto son las prioridades que la nueva Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, ha marcado para el mandato que inicia, con objetivos sanitarios tan ambiciosos como el diseño e implementación de un plan europeo contra el cáncer o la transformación digital de la atención socio-sanitaria. Cierto es que esta institución ejecutiva no debe su ser a la elección directa de ciudadanos-pacientes, y con razón “impacientes”, preocupados por otros aspectos más inmediatos como las listas de espera o la ausencia de instalaciones hospitalarias adecuadas en las zonas rurales.
Con esto, los gestores políticos y técnicos afrontan retos decisivos para la supervivencia del SNS. Sin enunciarlos todos, hay dos que simbolizan el requerimiento de cambios estructurales que supondrán para la estructura organizativa de la sanidad. Estos son la cobertura de la salud mental, por el cambio de esquema asistencial, y la incorporación a la financiación pública de las terapias de células T con CAR (CAR-T), por su grado de innovación.
El primero es reto en tanto en cuanto se ha de pasar de una atención enfocada a la dolencia física acotada, resuelta con una serie limitada de citas médicas estándar y la correspondiente prescripción farmacológica, a una dirigida al equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural (“yo soy yo y mis circunstancias” como escribió José Ortega y Gasset), resuelta con una atención psicológica personalizada y con horizonte indefinido. ¿Cómo se va a financiar este cambio de paradigma asistencial? La solución puede pasar por el fomento de herramientas digitales como la teleasistencia o la colaboración con la sanidad privada (apoyo público en la financiación de la prestación privada, por ejemplo), parte fundamental del sistema sanitario. ¿Ventajas? Este cambio afectará fundamentalmente a pacientes jóvenes, demandantes crecientes de atención psicológica, que son nativos digitales.
El segundo reto hace referencia a las terapias CAR-T, inmunoterapia oncológica-oncohematológica de última generación capaz de curar enfermedades hasta ahora mortales, y su incorporación a la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia. Ya en 2019 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social posibilitó (tras un proceso de acreditación de centros sanitarios con las Comunidades Autónomas) que determinados hospitales españoles trataran pacientes con estas innovadoras terapias. El dilema para el sistema público de salud radica en el elevado coste de administración por paciente, la baja popularidad de las medidas de incremento fiscal y la consiguiente necesidad de restringir el acceso, a terapias que pueden curar cánceres, a cuadros clínicos muy delimitados. Como en el anterior caso, la coordinación entre la investigación pública (un equipo del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda ya ha desarrollado la primera CAR-T pública, fármaco NC1) y privada será fundamental para gestionar esta disyuntiva. De fondo hay todo un debate abierto sobre el modelo de financiación y la relación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, titulares estas de buena parte de las competencias sanitarias.
En conclusión, la próxima década presenta para el SNS una serie de desafíos que pondrán a prueba la propia supervivencia del modelo y que transcienden legislaturas. Así, se hace necesario que el debate político-técnico sobre la sostenibilidad parta de una visión holística del abordaje de la salud; mediante la búsqueda de fórmulas mixtas de acción entre los recursos públicos y privados.