La decisión del presidente Pedro Sánchez de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio tiene una derivada inmediata en clave nacional: ahorrar, disculpen la frivolidad, seis meses más de retórica de campaña al ciudadano saturado de debate político pre-electoral, anuncios, promesas y tono mitinero hasta las elecciones inicialmente previstas el próximo mes de diciembre.
Pero tiene también una derivada inmediata en clave comunitaria: el anuncio de Sánchez o bien difumina y saca del foco político y mediático el inicio de la Presidencia española del Consejo de la UE o bien lo sitúa en la diana del debate nacional. Y me temo que este debate versaría más sobre su uso o no uso electoral que sobre los dosieres o las prioridades políticas a impulsar. Este hecho no es excepcional, Francia celebró elecciones hace apenas un año, presidiendo el Consejo, pero es inusual y en este caso encuentra dos particularidades: la Presidencia cierra ciclo legislativo y cuenta con el mes de agosto en medio, que sumado al mes de campaña convierte la Presidencia en un otoño intenso y quien sabe si con un nuevo ejecutivo español que la dirija.
La Presidencia seguirá, con sus reuniones y sus discusiones técnicas y más o menos tediosas, pero el impulso político y el foco que tiene España dirigiendo la agenda legislativa de la mayor potencia reguladora del mundo, podría quedar difuminado. La Presidencia española cuenta además con dos elementos diferenciadores que conviene resaltar. El primero de ellos además se ve directamente influido por las elecciones a escala nacional: España lidera tradicionalmente la relación entre los socios comunitarios y América Latina. De hecho, decenas de dirigentes de ambos lados del Atlántico se reunirán en Bruselas apenas una semana antes de las elecciones generales con el objetivo de impulsar una alianza que se encontraba en punto muerto, y es del interés del Servicio de Acción Exterior europeo facilitar unas estructuras estables y asegurar la periodicidad de estos encuentros.
La relación con América Latina gana aún más notoriedad en la búsqueda por parte de Bruselas de socios fiables ante la presión sobre las cadenas de suministros globales, la necesidad de tener acceso a materias primas y la gran magnitud de recursos naturales que atesoran. Este partenariado es esencial ante el nuevo tablero geopolítico impuesto por la invasión rusa de Ucrania.
El segundo efecto diferenciador supone una mala noticia para aquellos que piensan en la tranquilidad de introducir el voto en la urna el próximo día 23 de julio y desconectar de sus obligaciones democráticas durante los próximos 4 años. Existen unas elecciones en apenas un año con la misma relevancia sobre lo que se publica en el BOE, si no más, que unas generales como las del 23 de julio. Eso sí, con mucha menos atención por parte de la clase política, los medios y, en general, del votante: las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. La Presidencia Española será por tanto la última que aprobará regulación en este ciclo legislativo, marcado por el desafío geoestratégico y el potencial estancamiento económico que se avecina.
Parece una suerte de maldición para los europeístas convencidos como el que escribe estas líneas. Cuando todo apunta a que la atención va a estar por fin puesta en Bruselas y el desarrollo de la agenda comunitaria, cuando parece que se va a hablar de política exterior, ese gran desconocido en el debate nacional, nos encontramos con un retraso de al menos unos meses en el mejor de los casos.
Por suerte el foco mediático y político nacional a corto plazo no lo es todo en la maquinaria reguladora comunitaria. Un gran número de dosieres seguirán debatiéndose y multitud de actores seguirán participando en la definición de unas políticas que suponen el 65% de lo que llega a Cortes Generales. Estos actores con capacidad de diseñar esas políticas no son solo los colegisladores; Comisión, Consejo y Parlamento, que seguirán haciendo su trabajo a pesar de la convocatoria; Bruselas genera regulación con vocación global gracias a asociaciones de la sociedad civil, empresas, organizaciones patronales, consumidores, ONGs o think-tanks, ofreciendo ideas y articulando narrativas sobre la normativa a desarrollar en las instituciones europeas. Este rol, recogido, por ejemplo, en forma de derecho de petición en el TFUE, es esencial en el funcionamiento democrático de la Unión.
No sabemos aún como va a afectar la convocatoria electoral a la Presidencia, si será un mes de cierto parón con una continuidad de las políticas, si una repetición electoral dificultará sus objetivos o si España cambiará el paso en ciertos dosieres. Lo que sí sabemos es que los debates y las oportunidades de incidir en la agenda, desde múltiples altavoces, seguirán ahí, recordándonos lo imprescindible de estar presente en Bruselas participando en la definición de la mayoría de las políticas que rigen nuestro día a día.
