El sistema sanitario español, frente al COVID-19


La noche del sábado 14 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Mediante esta norma, se adoptan medidas históricas que marcarán un antes y un después en la forma de organizarnos socialmente, como la limitación de la libertad de circulación de las personas por las vías públicas o la centralización en el ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, de todos los recursos sanitarios, públicos y privados, necesarios para contener la propagación del coronavirus. Todo ello, en un modelo caracterizado por la amplia descentralización en las Comunidades Autónomas de las competencias en salud. En el citado real decreto, se apuntan medidas como: “el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada” o que “el Ministro de Sanidad podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico”.

Estos enunciados responden al elevado nivel de estrés al que está sometido actualmente el Sistema Nacional de Salud (SNS), coloquialmente llamado sanidad pública, a raíz de la propagación de la enfermedad infecciosa COVID-19 (declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud a causa de la expansión por todos los continentes). Como ya han anunciado las autoridades internacionales, europeas y nacionales, el objetivo en estos momentos no es otro que frenar la curva de contagios, suavizándola y evitando así el colapso de los centros y servicios de salud.

En línea con lo anunciado por un Gobierno de la nación, que seguirá tomando medidas en próximas reuniones del Consejo de Ministros, el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso el 12 de marzo a los recursos sanitarios públicos y privados bajo el mando único de la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero. Igualmente, la consideración de la farmacia comunitaria como servicio a permanecer activo a pesar de la prohibición de apertura de la mayoría de los establecimientos; medida esta adoptada por la Comunidad de Madrid y replicada por el Gobierno central. De la misma manera, los centros públicos de investigación, como el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), están trabajando con la industria farmacéutica en la búsqueda de vacunas efectivas contra el virus.

Estas medidas se toman en pro de una mayor eficiencia en la toma de decisiones, buscando la coordinación de los recursos materiales y humanos. Porque la dimensión y valor de la sanidad privada en España son significativos, como demuestran los datos recientes aportados por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS): 8,5 millones de asegurados; 10,3 millones de usuarios de la sanidad privada; 460 hospitales (58% del total y de los cuales 24 son universitarios); 51.373 camas (32% del total); 84% de funcionarios que deciden ser atendidos por una entidad aseguradora; 1.424 ensayos clínicos; 266.728 profesionales aproximadamente. También es importante destacar la magnitud y contribución a la salud pública que tiene la farmacia comunitaria con su red de más de 45.000 farmacéuticos y 21.000 establecimientos repartidos por toda España, un eslabón básico del sistema sanitario español y que reclama un mayor rol en el contexto actual.

Esta es la realidad con la que los decisores políticos están enfrentando la crisis sanitaria actual, una realidad basada en una consolidada colaboración público-privada, y es que el modelo español de sanidad es un escenario en el que el SNS se mueve en un ecosistema en el que también están los recursos privados. Sumando esfuerzos y cooperando, apoyando a la investigación, incorporando nuevas tecnologías sanitarias, intercambiando conocimiento; en definitiva, generando sinergias en pro del paciente. Así, lo que desde el ecosistema público se busca no es, o no debería ser, otra cosa que tener la capacidad de establecer las directrices generales a seguir por todos los agentes implicados en la atención sanitaria de los españoles. Porque frente a COVID-19, lo que marcará la diferencia es la coordinación entre el ingente trabajo que, desde el primer momento, profesionales de la sanidad pública y privada están llevando a cabo.


Álvaro Sanz

Consultor de Asuntos Públicos en la oficina de ATREVIA Madrid, cuenta con experiencia en el diseño y dirección de campañas de lobby en España. Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, es también vocal de Formación en la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Atesora un profundo conocimiento del sistema político y sanitario español.

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