Próxima parada: Next Generation EU

El fondo de recuperación ‘Next Generation EU’ lleva protagonizando portadas y titulares desde su concepción -a finales de mayo 2020- e incluso fue bautizado por algunos como el ‘Plan Marshall’ europeo. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada cuando se logró la ratificación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea a la Decisión sobre los recursos propios. La ratificación es fundamental para que la Comisión Europea pueda emitir deuda y, por lo tanto, empezar a desembolsar las ayudas vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La Decisión sobre Recursos Propios faculta a la Comisión Europea a pedir prestados hasta 750.000 millones de euros en los mercados de capitales en nombre de la UE. También prevé un aumento del importe máximo que la Unión Europea puede pedir a los Estados miembros para cubrir sus obligaciones financieras. Además, esta Decisión, que es el pilar del presupuesto a largo plazo de la UE, trae consigo una novedad en forma de nuevos impuestos: la introducción de nuevas categorías de ingresos para el periodo 2021-2027, basados en una tasa sobre el plástico no reciclado, para avanzar en la línea de la Estrategia Europea para el Plástico, el mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y los ingresos procedentes de un esquema revisado de negociación de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés). Estos recursos se suman a las tres tradicionales fuentes de ingresos del presupuesto de la UE, es decir, los derechos de aduana, el IVA y las contribuciones directas de los Estados miembros, basadas en su Renta Nacional Bruta.

El camino hacia la ratificación de la Decisión de los nuevos recursos propios no ha sido fácil. En Polonia, la oposición consideró que el nuevo instrumento europeo representa una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos polacos. En este sentido, el Next Generation EU no sólo trae consigo nuevos recursos propios para financiar la recuperación post-COVID-19, sino que acarrea un elemento clave: la condicionalidad. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se vincula la asignación de fondos al buen funcionamiento del Estado de Derecho, un hecho que fue protestado por Hungría y Polonia, quienes ya amenazaron con vetar el presupuesto en diciembre de 2020. Es más, se dirigieron en marzo de 2021 al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronunciara sobre la supuesta “inconstitucionalidad” de dicha condición, un veredicto que por el momento no se ha hecho público. Fueron Austria y Polonia los últimos países en validar la Decisión sobre Recursos Propios en sus parlamentos nacionales, completando la ratificación de los Veintisiete; un hito celebrado por el comisario de Presupuestos de la UE, el austríaco Johannes Hahn, quien se mostró optimista al considerar que la UE empezará a captar dinero en los mercados de capitales en breve.

Aunque la luz verde de los Veintisiete es un paso fundamental hacia la llegada de los fondos, lo que va a determinar su desembolso va a ser el visto bueno de la Comisión y el Consejo Europeo a los Planes nacionales de Recuperación y Resiliencia que están presentando los Estados miembros. La novedad de este instrumento financiero, junto con su condicionalidad al Estado de Derecho, es precisamente que va ligado a la implementación de reformas nacionales, en vínculo con la doble transición verde y digital, a la que deben dedicarse al menos un 37% y un 20% de los fondos, respectivamente, además de establecer “hitos” específicos para alcanzar estos objetivos. Así mismo, los Estados miembros deben incorporar en sus planes las grandes prioridades de la legislatura de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen: la apuesta por las tecnologías limpias y renovables, la renovación de edificios públicos, la carga y el repostaje, los servicios de banda ancha, la modernización y digitalización de administraciones públicas; así como todo lo relacionado con la capacidad de datos, y la modernización de los sistemas educativos.

La mayoría de los países de la UE ya han presentado sus planes de recuperación a la Comisión Europea, pero, a día de hoy, aún quedan cuatro por hacerlo: Malta, Estonia, Bulgaria y Países Bajos, que ya ha anunciado que no lo presentarán hasta después del verano. Los primeros países en presentar su Plan, encabezados por Portugal, están presionando a la Comisión Europea para que los apruebe con celeridad, argumentando que el Ejecutivo europeo no necesita el plazo de dos meses del que dispone para evaluar los proyectos. España, Grecia y Francia también se encuentran en negociaciones avanzadas con la Comisión, esperando ver sus planes aprobados a finales de junio. De esta manera, una vez aprobado el plan por el Ejecutivo europeo, el dinero podrá empezar a fluir, ya que se ha planteado una prefinanciación del 13%. La Comisión insiste en que se tomará el tiempo necesario para una evaluación exhaustiva. Según ha afirmado el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, «El calendario es que adoptaremos las propuestas de decisiones de aplicación del Consejo en la segunda parte de junio«, aunque es posible que no se trate antes de la reunión de los ministros europeos de Economía y Finanzas (ECOFIN) que tendrá lugar el 13 de julio. Entonces, el Consejo dispondrá de cuatro semanas para validarlos, lo que podría ocurrir a finales de julio, dando pie al desembolso de los primeros fondos.

 

Inés Domènech Canadell

Consultora de Asuntos Públicos en ATREVIA Bruselas

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