La Unión Europea está cambiando, no es novedad. Tendemos a asociar la crisis de la Unión con el comienzo de la crisis económica y sociopolítica de 2007, y es indudable que esta afectó negativamente tanto a la UE como a prácticamente todas las instituciones políticas occidentales. Pero es un fallo de perspectiva pensar en esta crisis como un hito que marca el origen de todos los cambios que caracterizan la actualidad sociopolítica. No, la Unión Europea siempre ha estado en crisis.
Para comprenderlo se deben estudiar las crisis como procesos, un camino en el que un estado pasado no termina de cerrarse, mientras el posterior no acaba de arrancar. Para el ser humano una crisis es por lo tanto un elemento no terminado, altera la forma en la que clasifica todo lo que le rodea. No es A o B, sino un poco de ambas, un punto intermedio que complica la ecuación. Cuesta entender que se pueda estar continuamente en un proceso de cambio que no termina de derivar en periodos de estabilidad cerrados, pero tras 60 años seguimos sin estar en una división westfaliana de Estados-nación, ni en un Estado supranacional.
Sin embargo, que esto no lleve al pesimismo, la Unión Europea es y debe ser así. Esta situación le permite ser flexible, le mantiene viva en un periodo como el actual de cambio perpetuo, modas diarias, bombardeo de información y simplificación de ideas. Esto no quita que la Unión deje de pensar a largo plazo en el camino que está siguiendo, en buscar un objetivo final –aunque teórico- que guíe los pasos políticos. Pero no será sino la puesta en práctica paulatina de estas teorías -adaptadas a las situaciones efímeras de la actualidad- lo que determinará si son acertadas. Por suerte o por desgracia, la Ciencia Política no es una ciencia experimental.
Dentro de este proceso, un cambio tan brusco como la salida de uno de los miembros más potentes del club ha pasado de ser afrontado con pesimismo a verse como una oportunidad, aprovechable gracias a esta flexibilidad. Al fin y al cabo, al Reino Unido siempre se le ha considerado un Estado demasiado rígido para los avances más ágiles que reclaman la mayoría de los Estados miembro. Sabiendo esto, la Comisión ha comenzado a contactar con esta ciudadanía europea para que todos los interesados (aunque siempre bajo sus orientaciones) puedan debatir sobre cuál es este futuro teórico sobre el que orientarnos.
A través los comentarios de estos foros y de los documentos que la Comisión ha preparado para encauzarlos se adelantan pistas sobre cuál se prevé que sea futuro: Debemos prepararnos para una mayor comunitarización -cesión de competencias, en plata- de ámbitos hasta ahora poco influenciados directamente por las políticas de la Unión. Esto ocurrirá con bastante seguridad a partir de 2019 (con el fin las negociaciones del Brexit y las elecciones al Parlamento Europeo), y no queda mucho más margen para hacerlo que a través de la apertura de los Tratados.
Sobre qué ámbitos se modificarían, poco se quedará sin tocar: Principalmente se estudian el sector de la Defensa, la Unión Fiscal, los Fondos Estructurales y, encabezando el discurso de la Comisión, el ámbito Social. Dentro del mismo las políticas laborales son la columna vertebral.
En este sentido, las propuestas presentadas el pasado mes de abril en el paquete llamado Pilar Social, centradas la conciliación laboral y con mayor peso en las recomendaciones que en la propuestas de directivas -para visibilizar los obstáculos que la Comisión tiene en este campo, al no tener competencias-, son una declaración de intenciones. Con ella, la Comisión desarrolla la idea de que la Unión piensa desde y hacia lo social, distanciándose del enfoque macroeconómico y alejado de los problemas de los ciudadanos que las instituciones creen que ha impulsado el populismo. Muestran que existe una verdadera oportunidad de lograr una mejor cohesión laboral en la Unión, si se le permite.
Desde luego el acercamiento entre las políticas laborales holandesas, italianas, finlandesas y españolas no será un cambio menor en nuestro día a día. Pero, si se trata de un avance tan relevante y la participación ciudadana es tan necesaria, ¿por qué no está en el debate público español?
Las labores de comunicación de las instituciones europeas siempre han dejado mucho que desear, y la ausencia de los asuntos propios de la Unión de los debates políticos en las instituciones nacionales termina decantando el desinterés de los votantes sobre estos temas. Pero las empresas y organizaciones deben ser proactivas, su presente y futuro dependen directamente de estas decisiones.
¿Hace falta ejemplos?
Los cambios en la movilidad urbana que estamos presenciando, con importantes iniciativas empresariales, tomaron su impulso en las capitales europeas del control que la Comisión ejerce sobre sus límites de contaminación; la agilidad característica de los vuelos de bajo coste que tanto ha modificado nuestros hábitos turísticos ha sido posible, entre otros motivos, por la disminución de los trámites para operar vuelos transnacionales -así como por Schengen-; el programa Erasmus, además de aumentar el europeísmo de las nuevas generaciones, ha ayudado a impulsar la internacionalización de las PYMES, que ahora cuentan con un capital humano más abierto a nuevos mercados (y con idiomas).
Si estos movimientos legislativos y políticos han afectado de tal manera al sector empresarial, es complicado imaginarse de qué manera puede llegar a influirle la potencial comunitarización de las políticas sociales y laborales. Pero vale la pena empezar a estudiarlo. Si algo se aprende al hacer seguimiento de los procesos legislativos durante y tras su salida de las instituciones europeas es que no solo permite anticipar obligaciones regulatorias futuras para las empresas e instituciones nacionales, sino también detectar y determinar nuevas tendencias de consumo y las consecuentes oportunidades empresariales.
Posicionarse bien en unas instituciones europeas tan cambiantes es, por lo tanto, una inversión directa en el posterior posicionamiento ante los consumidores. Estamos en un momento clave para hacerlo.